El Sindicato Médico viene reclamando desde hace años a la Consejería de Salud un mayor esfuerzo para retener a los médicos que finalizan el MIR en Andalucía. Sin embargo, las medidas implantadas hasta ahora con este fin no están dando resultados.
El SAS ha vuelto este año a dar Instrucciones a los centros para que hagan ofertas de trabajo a los residentes recién terminados. Los resultados han sido, una vez más, lamentables. En la provincia de Sevilla este año finalizaban la especialidad 55 Médicos de Familia, de los cuales solo han sido contratados 16, junto con otros dos procedentes de otras provincias. En Atención Hospitalaria el fracaso ha sido aún mayor, pues a los 265 médicos que terminaban la especialidad solo se les ha ofrecido un total de 6 plazas.
Las razones de este bochornoso fiasco son múltiples. En Atención Primaria la precariedad laboral y la discriminación retributiva desalientan la entrada de los médicos en la sanidad pública. Estas condiciones empeoran notablemente en verano y son particularmente malas en Andalucía. En Atención Hospitalaria, la falta de actualización de los listados de la bolsa de contratación y el desastre de las plataformas a través de las cuales se ofertan los nombramientos han bloqueado la posibilidad de contratar a los especialistas recién terminados, pues el procedimiento exige ofrecer previamente los nombramientos a compañeros con más antigüedad. De hecho, los plazos para llevar a cabo todo el proceso son tan cortos que, incluso cuando era posible, las ofertas se han quedado sin hacer por falta de tiempo.
El SAS, a caballo entre la hipocresía y la incompetencia, anuncia en tono triunfante y propagandístico jugosas ofertas de contratos de “larga duración” para retener a los médicos (como hacía Jesús Aguirre en marzo de 2022) mientras, en la práctica, se niega a acabar con la precariedad y a poner en marcha procedimientos ágiles de contratación. De hecho, la Junta parece haber renunciado a detener el deterioro de la medicina pública. Así lo reconoce abiertamente la consejera de Salud, Catalina García, en una entrevista a ConSalud tv realizada en enero de este año, en la que afirma que “a día de hoy, en todo el Sistema Nacional de Salud tenemos imposibilidad e incapacidad para sustituir jubilaciones, una baja por enfermedad, vacaciones o permisos” por el déficit de médicos existente. Al afirmar que el problema de la falta de médicos no tiene solución, nuestra consejera elude cualquier responsabilidad por el desastre y renuncia a paliarlo, al tiempo que deja el camino expedito a su estrategia basada en poner la sanidad pública en manos del personal de enfermería. Así, en la entrevista al canal online Enfermeríatv Catalina García afirmaba: “En 4 años hemos incorporado al SAS 7590 enfermeras, se dice pronto. ¿Suficientes? No, iremos incorporando más”.
La medicina pública se enfrenta a grandes retos en el futuro inmediato. La crisis de 2008 supuso un brusco empeoramiento de nuestras condiciones laborales del que apenas nos habíamos recuperado cuando la pandemia nos asestó un golpe brutal, particularmente acusado en Atención Primaria. La actual Administración puso fin a agravios que llevábamos décadas denunciando con medidas como poner fin a la exclusividad, aumentar el precio de las guardias o implantar la continuidad asistencial de Atención Primaria. Sin embargo, no parecen dispuestos a ir más allá. La implantación del Acuerdo para limitar las agendas en Atención Primaria está siendo entorpecido por el mismo equipo del SAS que lo firmó, que además se niega a acabar con la intolerable discriminación retributiva de los médicos de este sector. La situación en Atención Hospitalaria no es mucho mejor. El enorme malestar provocado por la oferta de destinos de la OPE 18-21 no ha sido más que un anticipo de la conflictividad que se prevé también en este ámbito en un futuro inmediato.
Las Administraciones de todo el país, sea cual sea su signo político, deben abordar la mejora de las condiciones laborales del colectivo médico de manera inmediata. El modelo laboral y retributivo actual, que se aplica igual al médico especialista que al celador o al auxiliar administrativo, ha fracasado. Nuestro colectivo requiere un marco normativo y negociador propio, que fije sistemas de selección y promoción profesional específicos y que establezca un modelo retributivo y sistemas de incentivos adecuados a nuestra responsabilidad y cualificación. De lo contrario, en el futuro inmediato resultará imposible retener a los médicos en la sanidad pública, como demuestran los datos que acabamos de ofrecer.
Si las Administraciones siguen optando por el abaratamiento progresivo de la medicina pública, basado en el reemplazo de médicos por personal de enfermería, en pocos años serán incapaces de atraer a los médicos al sistema sanitario público. De hecho, la edad media de los médicos ya es menor en el sector privado que en el público (ver informe aquí).
El gatillazo del plan de fidelización de residentes de este año, no muy diferente del ocurrido en años precedentes, no es solo consecuencia de la incompetencia de la Administración, es también una señal de alarma de lo que se avecina. Si la Administración sigue ignorando este problema, en breve solo dispondrán de una asistencia médica de calidad quienes puedan pagárselo.