El pasado jueves, sobre las 14:00 horas, acudió un paciente de urgencias al Centro de Salud de El Mirador, situado en San José de La Rinconada, solicitando al médico de turno que le diera los partes de confirmación atrasados de la baja médica que había iniciado meses antes.
El médico de guardia en ese momento le informó al paciente que, dado que llevaba desde enero sin recoger ningún parte, Inspección Médica había procedido al alta por incomparecencia. Tras esto, el paciente comenzó a gritar, insultar y amenazar a todos los médicos del centro de salud y, en particular, a su médica de familia, a la que amenazó seriamente, ya que la hacía responsable de esa alta por incomparecencia, cuando la realidad era que el paciente no se había presentado a las revisiones pertinentes durante ese periodo de tiempo ni se había puesto en contacto con su doctora, a pesar de los múltiples intentos de esta por conseguirlo. Por tanto, Inspección Médica había procedido al alta por incomparecencia (la normativa al respecto es muy clara).
Horas más tarde, el paciente se volvió a acercar, esta vez a la puerta del centro de salud y lanzó contra ella varios petardos, que alertaron a los administrativos y pacientes allí presentes.
Esa misma tarde, y dada la gravedad de las amenazas proferidas contra su Médica de Familia, varios compañeros la alertaron de la situación, pese a lo cual, ella se presentó al día siguiente a su trabajo. Pero, antes de bajar de su vehículo recibió la llamada de la directora de la UGC de La Rinconada advirtiéndole de que no debía bajar de su coche hasta que la Policía Local no estuviese presente para acompañarla a la consulta.
Una vez personada allí la Policía Local, le advirtió a la médica de familia que no debía salir del centro de salud, ni siquiera a desayunar, sin que los avisara previamente a ellos.
Tal fue la magnitud de la situación, que esta profesional se vio desbordada y experimentó un clima de angustia tal que terminó desembocando en una crisis de ansiedad que la obligó a abandonar el Centro de Salud, incapaz de entender el por qué de esta injusta situación.
Y, menos mal que ocurrió así, porque al poco de ausentarse se presentó el paciente con una mochila a sus espaldas, irrumpiendo en la consulta de su Médica y exigiéndole al Médico allí presente, que se encontraba cubriendo a su compañera, que le solucionase el problema por el que la tarde anterior acudió. Ante las voces y amenazas que profería, varios compañeros acudieron en su ayuda, alertados. Entre los gritos que daba, reclamaba que se le hiciera un «bizum» con la cantidad de dinero que según él había dejado de cobrar, amenazando e insultando continuamente al personal médico del Centro y haciendo recaer toda la responsabilidad sobre su médica de familia, a quien amenazó de muerte, advirtiendo a los presentes que llevaba un hacha en su mochila y estaba dispuesto a usarla.
Fue entonces cuando se avisó a la Policía Local, que acudió al poco tiempo para llevarse detenido a este peligroso agresor que, a parte de sembrar el terror entre los presentes, sanitarios y pacientes, consiguió que una profesional se viese obligada a ausentarse de su trabajo y que los dos mil pacientes de los que se hace responsable se quedaran sin su médica hasta que ésta pueda volver a incorporarse.
Una situación muy injusta para todos, que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía permite que se repita una y otra vez con su política de «falsa transparencia» y de mirar hacia otro lado sin poner soluciones eficaces que protejan a nuestros médicos (por cierto, profesionales altamente cualificados que cada vez escasean más en Andalucía, por este y otros motivos que tampoco interesan enmendar).
Y sí, hablamos de «falsa transparencia» porque en pleno s. XXI aún no existe acceso libre al público sobre los informes de agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía ni tampoco se han dignado a compartir los datos anonimizados de las agresiones, procedentes del RIAC (Registro de Incidentes y Agresiones en Centros Sanitarios), con el Sindicato Médico Andaluz, a pesar de que, en provincias como Sevilla, se les ha solicitado.
Y esto, señora consejera, no ayuda. Mirar hacia otro lado, esperar nuevamente a que pasen unos días y este incidente se olvide o continuar escondiendo los datos debajo de la alfombra, no ayuda. Por el contrario, dar visibilidad, condenar públicamente las agresiones, hacer campañas de sensibilización entre los pacientes, poner medidas eficaces (como guardias de seguridad en los centros de salud) y aumentar las penas de los agresores, sí.
Se imagina usted, señora consejera que un ciudadano se plantara en su despacho con un hacha en la mochila y la amenazara de muerte. ¿Qué sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y, sobre todo, ¿qué haría al día siguiente? ¿Se apuntaría a un curso sobre manejo de pacientes difíciles, a un curso sobre control de ansiedad o a uno sobre prevención de agresiones? ¿Y si esta situación la tuviese que vivir cada semana? ¿Necesitaría usted más cursos?
Piénselo, porque esa es la triste verdad que nos rodea. Y el triste apoyo que nos proporciona el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En los Centros de Salud de Andalucía no se garantiza la seguridad física ni de los pacientes ni de los profesionales. Sin embargo, en los Hospitales sí hay personal de seguridad. ¡Curioso!, ¿verdad? Pareciera que los pacientes y profesionales de los Hospitales merecieran mayor seguridad que los de los centros de salud.
Y es que, como usted bien sabe, a pesar de que no quieren hacer públicos los datos, las agresiones en Andalucía siguen en aumento cada año, y eso, que la mayoría de ellas, por ser de carácter amenazador y sin lesiones físicas, no se comunican. Es más, a los agredidos se les indica, desde los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y desde la Administración, que si no hay lesiones físicas no tienen que rellenar la hoja de Comunicación de Accidentes de Trabajo e Incidentes (CATI), una buena manera de dificultar la transparencia y que estos datos sean tratados de una forma relevante.
Porque, señora consejera, ¿cree usted realmente que si un ciudadano se planta en su despacho con un hacha y la amenaza no se debe a su trabajo o al puesto que usted desempeña? ¿No debería tratarse como un accidente o incidente de trabajo? ¿O, por el contrario, tendría que herirla físicamente para que fuese tratado así?
Pues, ya le adelanto que, a esta compañera, el SAS no se le va a reconocer esta circunstancia como «accidente de trabajo». Y todo ello, porque no le abrieron la cabeza con el hacha. ¡Vergonzoso!
Le proponemos un reto durante lo que queda de año, señora consejera, acuda personalmente a conocer a cada profesional agredido, físicamente o no, en Andalucía. Le aseguramos que visitará todos y cada uno de los centros de salud de nuestra autonomía y, alguno de ellos, en varias ocasiones. A ver si así conseguimos un poco más de sensibilización por parte de su consejería.
En todo caso, le recordamos que seguimos tentando la suerte… Llegará un día en que tengamos que lamentar una muerte. Y, en ese caso, ¿cómo le explicará usted lo ocurrido a la pareja o a los hijos del fallecido? ¿Le dirá también que no fue accidente de trabajo?
¿Cuándo le explicará usted a la ciudadanía que una de las causas por las que el SAS se está quedando sin médicos, a parte de las pésimas condiciones laborales que les ofrecen, es que no son capaces de contener las agresiones?
Señora consejera, ¡una más!… y, por desgracia, seguiremos contando.