La pretensión de paliar un supuesto déficit de médicos mediante la atribución de sus funciones al personal de enfermería, que denunciábamos no hace mucho, podría tener consecuencias muy graves para el sistema sanitario público.
La consulta de acogida, un proyecto fracasado en el que el SAS ha invertido millones de euros y que parece la causa principal del actual desvío presupuestario en la sanidad pública andaluza, podría ser el primero de una delirante sucesión de dislates de consecuencias imprevisibles. Porque si un/a enfermero/a puede diagnosticar y tratar a los pacientes que acuden a un centro de salud con un problema médico, ¿por qué no habría de asumir otras funciones propias de los facultativos?
En efecto, según publica SATSE en su página web, su presidente, Manuel Cascos, habría solicitado “al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que el Gobierno realice las actuaciones y cambios necesarios a nivel formativo y reglamentario para que las enfermeras y enfermeros puedan realizar activamente el proceso de la anestesia”.
El comunicado de SATSE hace referencia a la experiencia del Reino Unido, un país en el que el personal de enfermería asume determinadas funciones dentro de los equipos anestésicos. Basándose en esta experiencia, el sindicato de enfermería solicita al ministerio de Sanidad que tras “un curso de posgrado de 20 créditos” y un periodo de supervisión de seis meses el personal de enfermería pudiera “trabajar de manera autónoma” realizando técnicas anestésicas.
Sin embargo, la solicitud de SATSE no encuentra ningún apoyo en la experiencia británica, deliberada o inconscientemente distorsionada por los responsables de este sindicato. Los interesados en conocer los detalles del papel de la enfermería del Reino Unido en la práctica anestésica encontrarán de utilidad el artículo del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana al que accederán aquí.
Lo cierto es que la anestesia fue administrada en sus inicios por personal de enfermería bajo la supervisión del cirujano. En esos primeros tiempos, como ha recordado el Dr. Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, la mortalidad anestésica se situaba en torno a 1/1500 actos anestésicos. De hecho, la complejidad de la cirugía se veía severamente limitada por la precariedad de las técnicas anestésicas y muchos pacientes ni siquiera podían ser intervenidos por el elevado riesgo de muerte por causas anestésicas. Actualmente, en manos de médicos especialistas, la anestesia se asocia a una mortalidad extraordinariamente baja, en determinados colectivos muy próxima a cero.
Pero lo insólito de esta petición no es que un colectivo con una formación de cuatro años pretenda suplir gracias a un curso de 20 créditos a un médico especialista con diez años de formación. Tampoco que ignore cuestiones prácticas tan relevantes como la cobertura de la responsabilidad civil por las compañías aseguradoras o las acusaciones de intrusismo. Tampoco es lo peor que esta pretendida vuelta a un pasado sombrío de quirófanos inseguros y miedo a la anestesia se presente como un supuesto avance.
No. Lo peor de esta petición es que manifiesta una tendencia creciente a avanzar hacia una sanidad low cost en la que los médicos especialistas puedan ser sustituidos por profesionales sin la cualificación adecuada. Si no estamos dispuestos a atraer y retener a los médicos en el sistema público, ¿por qué no reemplazarlos por profesionales con la tercera parte de su tiempo de formación? Si el SAS ha intentado sustituir a los médicos de familia y pediatras en las consultas de acogida, ¿por qué no extender la experiencia a otros campos de la medicina? El sindicato de enfermería, en el fondo, no hace más que aplicar una doctrina adoptada por los responsables de nuestra sanidad pública.
El Sindicato Médico Andaluz rechaza frontalmente la solicitud llevada a cabo por SATSE y llevará a cabo las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para preservar la calidad de la asistencia sanitaria mediante la lucha contra el intrusismo y la defensa de la profesión médica. Los intentos de expandir las competencias de ciertas profesiones sanitarias realizados al amparo de recortes presupuestarios no pueden justificar propuestas que deterioren la calidad de la asistencia sanitaria y pongan en riesgo la vida de los pacientes.
Comité Ejecutivo SMA-F
Fuente: SMA