Guárdeme el secreto…

Nada revela mejor las carencias de nuestro sistema político que la propaganda que intenta ocultarlas. Si quiere usted saber de qué carecemos, observe de qué presumen los gobiernos de todos los niveles de la Administración: entre otras cosas, se vanaglorian sin descanso de su transparencia.

Una rápida búsqueda en Internet permitirá al lector comprobar que existen infinidad de portales, consejos y leyes de transparencia. En 2013 fue promulgada una Ley nacional de “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”; Andalucía promulgó en 2014 la suya, como hicieron otras comunidades autónomas, y en 2015 Sevilla contaba con su propia Ordenanza sobre Transparencia. Existen portales de transparencia en los tres niveles de gobierno. Cuentan con ellos partidos políticos, clubes de fútbol y universidades. A juzgar por este apabullante soporte normativo y tecnológico, no ha de existir en el mundo un país más transparente que el nuestro.

Sin embargo, según el último informe anual de Transparencia Internacional, España bajó en 2020 dos puestos en el ranking mundial contra la corrupción “por la gestión oscura de la pandemia”. Según este organismo, ocupamos el puesto 32º de los 180 países analizados. Llama la atención la denuncia de opacidad y despilfarro en las compras de material sanitario que denuncia este informe. Diversas instituciones hemos denunciado la escasez de datos sobre fallecimientos por Covid-19 de profesionales sanitarios en las estadísticas oficiales de los servicios de salud autonómicos.

Durante la pandemia, los representantes de los trabajadores hemos tenido grandes dificultades para obtener información sobre la evolución de la enfermedad y los contagios entre profesionales. Los equipos directivos de todos los hospitales de nuestra provincia han sido renuentes a proporcionarnos información puntual y detallada sobre medidas de protección, profesionales infectados o evolución de la pandemia. Con todo, con frecuencia la prensa se ha visto obligada a recurrir a nosotros para obtener una información que la Administración le negaba. En las primeras fases de la pandemia la opacidad informativa era absoluta y todavía hoy se da a los profesionales instrucciones no oficiales de que no hagan declaraciones a los medios. Para un médico, denunciar públicamente la precariedad de su situación supone arriesgarse a sufrir represalias laborales.

La información sobre ocupación de camas por pacientes de Covid-19 que se ofrece a la población está sistemáticamente sesgada. Se ha informado de un 50% de ocupación de UCI por pacientes de Covid-19 en hospitales que se habían visto obligados a habilitar como UCI camas de cuidados postoperatorios, unidades de observación y hasta capillas. Particularmente bochornoso ha resultado el ocultismo que ha reinado en las negociaciones entre la Unión Europea y las compañías farmacéuticas, hasta el punto de que ni siquiera los eurodiputados que lo solicitaban podían acceder a buena parte del contenido de los contratos suscritos.

La causa principal de esta carencia de información fiable se encuentra en el fuerte vínculo, tantas veces denunciado, entre sanidad y política. Una pandemia fuera de control o un sistema sanitario desbordado daña seriamente la imagen de los políticos responsables de gestionar la crisis. Una población bien informada puede formarse su propia opinión y no compartir las decisiones del Gobierno. Limitar la información preserva la imagen de los gobernantes y les otorga libertad de acción a salvo de la crítica pública. De ahí la importancia que otorgan a controlar los nombramientos de los directivos al frente de los centros sanitarios y de los organismos responsables de la vigilancia de la salud pública.

España ha carecido de una dirección técnica independiente durante la pandemia. La gestión de la información y la toma de decisiones nunca ha estado regida por criterios exclusivamente sanitarios. La pugna política ha prevalecido con frecuencia sobre las consideraciones médicas. Las decisiones sobre la conveniencia de adoptar determinadas restricciones a la movilidad rara vez se han basado exclusivamente en criterios técnicos.

Es legítimo que los sectores económicos más perjudicados por la crisis sanitaria reclamen atención y apoyo de la Administración, pero no es inteligente actuar de espaldas a la realidad. Si estamos dispuestos a sacrificar el control de la pandemia en favor de la reactivación económica, debemos ser conscientes de que cada ola no solo trae consigo una negra letanía de muerte y sufrimiento, sino también limitación de consultas presenciales, aplazamiento de intervenciones programadas, aumento de la lista de espera y limitaciones asistenciales para los enfermos “no Covid”. Por desgracia, nunca se habla de ello cuando se propone levantar las restricciones. La información sobre estas cuestiones es, una vez más, incompleta y sesgada.

Nuestra Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a la información. La falta de información socava la legitimidad de nuestra democracia y desacredita a los representantes públicos. La transparencia es un deber de todo gobernante y un requisito para tener instituciones sanas. Si estas razones no parecen suficientes a nuestros políticos, deberían recordar que en el mundo actual la alternativa a la opacidad del Gobierno no es la ausencia de información, sino la la manipulación, los bulos y las “fake news”. Ser transparente es lo correcto y lo inteligente. Por favor, no nos guarden el secreto.

Comité Ejecutivo del SMS

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