Cómo la política está destruyendo la sanidad pública

Antes de abordar la cuestión que da título a este artículo, conviene desmontar un mito. En el debate público, suele asumirse que la posición de los partidos sobre la sanidad pública depende de su ideología, siendo los de izquierdas partidarios de potenciarla y los de derechas proclives a debilitarla. Los datos del Ministerio de Sanidad demuestran que esta idea es falsa. En 2018, tras 40 años de gobiernos socialistas, en Andalucía solo el 77% de las camas hospitalarias eran públicas, siendo la media nacional de 80,7%. El gasto sanitario por habitante era de 1264 €. Extremadura, cuyos gobiernos democráticos han sido también mayoritariamente socialistas, poseía ese año un 94,2% de camas públicas y un gasto de 1663 €/hab. Madrid y Castilla y León han sido gobernadas casi siempre por el PP y muestran diferencias similares a las encontradas entre Andalucía y Extremadura.

De hecho, aunque las diferencias que acabamos de ver son relevantes, lo cierto es que los políticos de ambas ideologías están destruyendo la sanidad pública por medio de un proceso sistemático de politización del sistema, entendiendo como tal la incorporación progresiva de la red asistencial a la estructura de los partidos, con el fin de obtener de aquella beneficios económicos e influencia social a través de contratos e inversiones, o bien ventajas electorales, a través de redes clientelares y propaganda política.

Poner la sanidad pública al servicio de los políticos deteriora la calidad de la asistencia, fomenta el fraude en el tratamiento y la difusión de la información y desincentiva a los profesionales, lo que empeora su rendimiento y reduce la eficiencia del sistema. Veamos esto con algunos ejemplos. El control político de las decisiones clínicas ha llegado hasta el extremo de que existen leyes que regulan el tiempo máximo de espera para ciertas intervenciones quirúrgicas. Dado que el gestor/político será evaluado por el cumplimiento de esas normas, priorizará las intervenciones de esos pacientes frente a las de otros que quizás lo necesitan con más urgencia. El coste de este abandono lo pagará el médico en forma de desprestigio, responsabilidad profesional o daño moral. Este fenómeno es común a todas las formas de control burocrático de la actividad asistencial.

El gestor/político, que controla el sistema de información del que se extraen los datos con los que es evaluado, tenderá a tratar esa información de manera “creativa”. Cambiar el código de diagnóstico asignado a un determinado grupo de pacientes puede sacarlos de manera automática del sistema de garantías. Si el grupo es grande, un gesto tan simple como ese puede reducir drásticamente la lista de espera. También tenderá a ser poco diligente en la publicación de la información. Cuando el PP llegó al poder en Andalucía, el consejero de Salud declaró que la anterior Administración había ocultado miles de enfermos de la lista de espera. Si el sistema no cambia, pasará lo mismo tras el próximo cambio de Gobierno.

Para controlar el sistema sanitario de manera eficaz, el gestor/político necesita colocar a intermediarios leales en los puestos de mando. Esta necesidad se extiende hasta los niveles más bajos del escalafón, pues son estos los que supervisan directamente a los profesionales y los más expuestos a los conflictos éticos inherentes a este sistema perverso. Ser leal es condición necesaria y suficiente para hacer carrera. Una gran cualificación no es obstáculo para progresar, pero tener ideas propias lo impide y una deslealtad truncará súbitamente la carrera del antiguo aliado. Dado que la formación requiere un esfuerzo más arduo que hacer amigos y es prescindible a efectos de promoción, aquella resulta fuertemente desincentivada. Aunque el médico seguirá formándose por razones éticas y profesionales, y para su satisfacción personal, la brecha entre el esfuerzo y la recompensa le provocará desánimo y frustración. Atrapado en la contradicción entre su deber y la conciencia de que su esfuerzo es parasitado por el gestor/político, se desvinculará del sistema y a la menor oportunidad lo abandonará.

Ciertamente, no es posible ni deseable eliminar a los políticos de la ecuación. Las decisiones sobre nuestro modelo sanitario, su financiación o su cartera de servicios corresponden a órganos democráticamente legitimados, es decir, a políticos. Pero estos deben quedar al margen de la actividad asistencial. Las decisiones clínicas deben corresponder en exclusiva a los médicos. Su sistema de incentivos y su carrera profesional deben basarse en sus capacidades, su formación y su actividad profesional, que deben ser evaluadas por sus pares con criterios objetivos y transparentes.

No nos engañemos: cambiar el actual estado de cosas será difícil, porque está en manos de los mismos políticos que obtienen beneficios de él. Solo una fuerte alianza construida sobre principios éticos y técnicos entre organizaciones profesionales despolitizadas podría llevar a cabo la presión y la concienciación de la opinión pública suficientes para aspirar, a medio plazo, a un necesario cambio de modelo. Hagámoslo.

Rafael Ojeda Rivero

Presidente del Sindicato Médico de Sevilla y vocal de Atención Hospitalaria del Sindicato Médico Andaluz

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