Ya sabíamos por el último informe del día 24 de marzo sobre la situación de COVID-19 de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dependiente del Ministerio de Sanidad, que el porcentaje medio a escala nacional de personal sanitario contagiado por el COVID-19 era del 11,2%. Sin embargo, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, durante su reciente comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, ha cifrado el número de contagiados sanitarios en nuestra comunidad en 649 de un total en la población de 3.010 casos positivos. Es decir, el 21,6% de los contagiados es personal sanitario, y de estos, 251 son médicos, más que de ninguna otra categoría. Toda una barbaridad.
Y eso no es todo: recientemente hemos visto cómo en un screening llevado a cabo entre el personal facultativo del Servicio de Urgencias del hospital Virgen Macarena de Sevilla, el número de positivos ha llegado a 19, casi la mitad de la plantilla. Dato que por esperado no deja de ser espeluznante y muy grave.
Ya empezamos a atisbar el motivo por el que la Administración andaluza ha denegado facilitar los datos de personal sanitario contagiado, por centro Sanitario u Hospital, y dentro de estos por servicio: la cifra es intolerable y solo consecuencia de la desinformación y falta de protección adecuada de los profesionales, tantas veces denunciada. Todo un ejemplo de manipulación interesada informativa.
Ningún facultativo se ha negado a atender a cualquier paciente que lo necesite donde sea, solo exigimos que esa atención se lleve a cabo en las mínimas condiciones de seguridad tanto para el paciente como para nosotros mismos.
Pero, ante nuestras reiteradas denuncias de falta de protección adecuada por falta de equipos y materiales y la práctica de test de COVID-19 a todo el personal facultativo, la Administración solo ha respondido con excusas y largas, incluso para lugares de tan alto riesgo como en Urgencias, UCI o planta de Medicina Interna/Infeccioso.
Ante nuestras solicitudes de reunión y de información sobre la evolución de la epidemia por centro sanitario tanto de la población general como de los profesionales sanitarios contagiados o en aislamiento, la Administración siempre ha respondido con el silencio.
Y es que esta actitud y actuación de denegación de la información tanto a sindicatos como a delegados de Prevención y al propio Comité de Seguridad y Salud de los centros no solo es una irresponsabilidad, sino una ilegalidad.
Una irresponsabilidad porque, aunque nos lo podemos imaginar, no sabemos con certeza qué servicios o qué tareas están siendo más expuestas al contagio y, por tanto, cómo poder actuar con más y mejores medidas preventivas y de protección, y sus consecuencias ya las estamos viendo.
Y una ilegalidad por incumplir con esta actitud varios artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, algo por lo que en su momento habrá que exigir responsabilidades.
Es muy probable que, al igual que ha sucedido en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen Macarena, sean muchos los centros y los servicios donde ocurran situaciones similares, y sea un riesgo para los propios facultativos, para sus familias, donde en ocasiones conviven personas con factores de riesgo (gestantes, ancianos, pluripatológicos o inmunocomprometidos) y la propia población a la que atienden.
Es por esto que desde el Sindicato Médico de Sevilla exigimos que:
- Se facilite la información y datos de los facultativos contagiados o en aislamiento por contactos por Centros Sanitario y por Servicio.
- La realización de test para todos los facultativos del sistema Sanitario Público andaluz
- Que por cada centro sanitario se constituyan órganos permanentes de seguimiento de la epidemia en su área sanitaria entre la Administración y sindicatos.
Si no se toman estas medidas de forma urgente, no solo los facultativos o personal sanitario padecerá las consecuencias de la pandemia, sino toda la población en general por el colapso de sistema sanitario que acarreará.