Médicos que solo pueden dedicar de 1 a 3 minutos a cada consulta, enfermeros saturados, agujas de peor calidad que hacen más dolorosa la prueba de la diabetes, pacientes que deben elegir entre comprar medicinas o alimentos y otros que esperan el doble de tiempo para cirugía que en 2010. Son solo algunos de los efectos de los recortes en la sanidad pública española detectados en una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional.
A partir de 240 entrevistas a personal sanitario, usuarios y expertos en salud pública, el informe La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España concluye que los recortes “han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes”. “Es de una crueldad casi insoportable” porque afecta a la asistencia de las personas “más vulnerables”, dice uno de los médicos citados en el informe. Amnistía va un paso más allá y considera que las medidas de austeridad del Gobierno, en especial el Real Decreto de 2012, vulneran sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La investigación asegura que los recortes en el gasto en atención sanitaria comenzaron en 2009, pero el punto de mira lo pone el informe en el Real Decreto de 2012. Dicha regulación incluía el traslado del coste de determinados productos sanitarios a los pacientes, la limitación de la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura.
Amnistía habló con más de un centenar de usuarios del sistema público de salud, con sus familias y las personas que los atienden. Unos les contaron que ahora dependen de familiares para pagar su atención sanitaria y otros, que se han visto obligados a elegir qué medicamentos necesitan más. Es el caso de V., un hombre con discapacidad física, que describió cómo hay veces en las que tiene que decidir si compra medicamentos o comida. El informe denuncia que muchas personas como V., con enfermedades crónicas, han tenido dificultades por la eliminación de más de 400 medicamentos de la financiación pública. “Aunque las sumas en cuestión pueden no parecer altas, para las personas con rentas bajas pueden resultar devastadoras”. El copago se ha incrementado entre el 10% y el 20%, según ingresos, y los que antes no pagaban (los pensionistas) ahora sí deben hacerlo, hasta un tope mensual. El copago se ha extendido de los medicamentos a otros servicios como el transporte sanitario no urgente, los productos dietéticos y ciertas prestaciones ortoprotésicas. Profesionales en tensión
Los recortes del gasto sanitario han provocado que los profesionales tengan “salarios más bajos, malas condiciones laborales y contratos inseguros”, asegura el informe. Amnistía cifra en 28.500 los empleos que se perdieron entre 2012 y 2014 y el hecho de que posteriores ampliaciones de personal no hayan logrado recuperar en 2017 (490.509) la plantilla de 2012 (505.185).
La carga de trabajo insostenible está afectando a la calidad asistencial, según Amnistía, y los profesionales “se sienten impotentes, explotados y desilusionados con el sistema”. Listas de espera más largas El tiempo medio de espera para una cirugía que no requiere urgencia vital era en el año 2010 de 65 días, pero en 2016 (último dato oficial disponible) casi se había duplicado, hasta los 115 días. La dilatación de las listas de espera fue una constante en las entrevistas que conforman la investigación.
Los servicios de salud mental también se vieron afectados, en ocasiones con tiempos de espera que aumentaron hasta alcanzar los seis meses, para mayor ansiedad de los pacientes, denuncia la organización. La calidad del material médico también se ha deteriorado desde la crisis, según se desprende de la investigación.
Fuente: 20 minutos