Con motivo del paso por el Senado del proyecto de ley de reforma del Código Penal, el PP ha aprovechado para introducir varias enmiendas entre las que se encuentra el que las agresiones a médicos y profesores, siempre que se encuentren en el ejercicio de sus funciones, se consideren atentado contra la autoridad. Las agresiones serían catalogadas así como delito con penas de uno a cuatro años de prisión.
El proyecto de ley considera “reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieran resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas”.
El añadido que propone el Partido Popular es el de que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.