El sindicato médico andaluz, junto a APIA (asociación de profesores de instituto de Andalucía) y a SAF (sindicato andaluz de funcionarios), integrantes de la coalición FASPI, han pedido la suspensión de la mesa de negociación de la función pública de Andalucía, ya que estiman que ésta no debe celebrarse sin la presencia de estos colectivos, legítimos representantes de trabajadores públicos de Andalucía.
La mesa está actualmente constituida por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, además de la Administración. En ella se toman las decisiones generales más importantes, y se ponen en conocimiento de todos los recortes, como la supresión del tramo autonómico de la paga extra de 2014. De esta forma, el resto de representantes de miles de trabajadores no tienen derecho a la toma de decisiones que directamente le van a afectar, puesto que la Junta sólo se reúne con esos tres grandes sindicatos.
La justificación que aporta la Administración se basa en los porcentajes de representación; es necesario un 7% de apoyo a nivel andaluz. Una cifra alta a todas luces si se tiene en cuenta que se trata de sindicatos de profesiones concretas y no de carácter general como los tres que sí se sientan en la mesa de la negociación. En cualquier caso estos sindicatos se unieron en coalición para así lograr el porcentaje exigido para formar parte de la mesa. Aún así la Administración decidió que no era legítimo dar voz a esta coalición, por lo que la dejó fuera.
De esta forma, los representantes de los trabajadores de sectores tan importantes para los ciudadanos quedan fuera de la toma de decisiones de asuntos que verdaderamente van a afectar a la propia ciudadanía.