El colectivo médico y facultativo se ha convertido en el principal objetivo de las agresiones a profesionales sanitarios un verano más. Son quienes asumen la responsabilidad directa de la atención clínica y la toma de decisiones en un sistema muy tensionado, recibiendo también la mayor carga de la violencia. Unos hechos que en estas últimas semanas son tan numerosos como preocupantes.
En la provincia de Sevilla una médica de familia en Utrera sufrió insultos y amenazas graves dentro de su consulta, teniendo que interrumpir la atención ante la actitud violenta del paciente. Días después, en Pilas, varios facultativos vivieron una situación de enorme tensión cuando un paciente adoptó una actitud agresiva, obligando a activar los protocolos de seguridad. En un centro de salud de Triana una paciente esparció sus heces en la mesa de la consulta.
La provincia de Málaga ha sido también escenario de agresiones especialmente graves. En Villanueva del Rosario, una médica de Atención Primaria fue víctima de una agresión física directa, recibiendo un puñetazo en la cara que le provocó lesiones de consideración mientras pasaba consulta. En la capital, en el Hospital Regional, los episodios de violencia en urgencias son cada vez más frecuentes, afectando de forma directa a facultativos que trabajan bajo una presión asistencial extrema. En Antequera, una médica de urgencias fue amenazada e increpada en su puesto de trabajo.
Estos casos no son anecdóticos. Son la evidencia de una tendencia que se consolida verano a verano, cuando el sistema de salud se tensiona y convierte al profesional facultativo, como figura visible del sistema, en el blanco de la frustración de los pacientes.
Desde el Sindicato Médico Andaluz queremos denunciar con rotundidad este tipo de situaciones. No estamos ante hechos aislados ni inevitables. Estamos ante un fracaso en la protección de riesgos laborales de los profesionales. Los médicos trabajan con agendas desbordadas, con tiempos de consulta insuficientes y con una presión asistencial cada vez mayor. Son quienes deben dar la cara ante demoras, listas de espera o falta de recursos que no dependen de ellos. Y, sin embargo, son quienes reciben insultos, amenazas y agresiones. No se puede seguir exigiendo profesionalidad, vocación y entrega mientras se permite que ejercer la medicina implique un riesgo físico y psicológico creciente.
La respuesta institucional, basada en declaraciones de “tolerancia cero”, se ha demostrado claramente insuficiente. Los protocolos existen, pero fallan en su aplicación real. La presencia de seguridad es irregular. Y las consecuencias legales para los agresores, en demasiadas ocasiones, no son lo suficientemente disuasorias.
Agredir a un médico no es solo un delito individual. Es un síntoma de un sistema que está fallando en su organización, en su financiación y en su protección a quienes lo sostienen. No podemos normalizar que un médico tenga miedo al abrir la puerta de su consulta.
No podemos aceptar que ejercer la medicina en Andalucía implique asumir el riesgo de ser insultado, amenazado o golpeado. La línea roja se ha cruzado demasiadas veces.
Proteger a los médicos es proteger la sanidad pública. Y actuar ya no es una opción, es una obligación. Ni una agresión más.