Desde el Sindicato Médico de Sevilla condenamos con la máxima firmeza la grave agresión sufrida ayer por una médica de familia del Centro de Salud de Palmete, un nuevo episodio de violencia que evidencia la creciente desprotección de los profesionales sanitarios y la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando la facultativa atendía a una paciente que consultaba por una herida en una pierna y solicitó la prescripción de clonazepam (Rivotril®). Tras comprobar que el día anterior ya había intentado obtener la misma medicación en otro centro sanitario sin indicación clínica, la médica rechazó emitir la receta.
La reacción fue inmediata. La paciente comenzó a lanzar mobiliario y una silla contra la facultativa, que logró esquivar los objetos y salir de la consulta. Lejos de cesar la agresión, la persiguió por los pasillos del centro mientras profería graves amenazas, algunas dirigidas contra su familia. La doctora consiguió refugiarse en su despacho, donde permaneció encerrada bajo llave en un estado de gran ansiedad hasta la llegada de la Policía Nacional.
Según hemos podido conocer, la misma paciente ya había protagonizado un grave incidente la tarde anterior en otro centro de salud tras negársele igualmente la prescripción del mismo medicamento. En aquella ocasión abandonó el centro tras amenazar e insultar al facultativo, desistiendo de su actitud por la presencia de un vigilante de seguridad.
Este nuevo episodio confirma que las agresiones contra profesionales sanitarios han dejado de ser hechos aislados para convertirse en un problema estructural. Los médicos de Atención Primaria se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a pacientes que intentan obtener psicofármacos sin indicación clínica y responden con amenazas o violencia cuando el facultativo actúa conforme a la buena práctica médica. Las investigaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto de manifiesto, además, la existencia de redes dedicadas al tráfico ilícito de benzodiacepinas, lo que incrementa la presión sobre los profesionales encargados de su prescripción.
Lo más grave es que la agresión se produjo en un centro ubicado en una zona especialmente vulnerable que carecía de vigilancia de seguridad en ese momento, ya que el servicio solo está disponible durante unas horas de la mañana. El SAS conoce desde hace años esta realidad y, pese a ello, continúa sin implantar medidas preventivas acordes con el riesgo existente. No proteger adecuadamente a los profesionales supone también dejar desprotegido al propio sistema sanitario frente a quienes utilizan los centros de salud para intentar obtener medicamentos destinados al mercado ilícito.
Desde el Sindicato Médico de Sevilla exigimos vigilancia permanente en los centros con mayor riesgo, protocolos de seguridad realmente eficaces, una revisión de las estrategias de prescripción de medicamentos especialmente sensibles y una respuesta institucional mucho más firme frente a los agresores. La Administración debe denunciar expresamente estos hechos, personarse en los procedimientos judiciales cuando proceda, reclamar los daños personales, materiales y asistenciales ocasionados y promover un endurecimiento de las consecuencias penales y económicas para quienes agreden a profesionales sanitarios.
No podemos aceptar que una médica tenga que salir corriendo por los pasillos de un centro de salud y encerrarse bajo llave para proteger su vida por cumplir con su obligación profesional. Cada agresión que no se previene y cada medida que se retrasa aumentan el riesgo de que algún día tengamos que lamentar consecuencias irreparables. Proteger a los profesionales sanitarios no es una opción, sino una obligación legal de la Administración y un deber irrenunciable de toda la sociedad. No actuar supone asumir que nuevas agresiones seguirán produciéndose.