Ante las opiniones surgidas en los últimos días en torno a la consulta realizada por el Sindicato Médico de Sevilla a sus afiliados, consideramos oportuno reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿es preferible negociar con la Administración o recurrir a la huelga para defender nuestros derechos?
La respuesta no debería depender de posiciones enfrentadas, sino de un análisis razonado de las posibilidades, los costes y los resultados de cada alternativa. Porque el verdadero objetivo de la acción sindical no es mantener el conflicto, sino resolver las injusticias que lo originan.
Los médicos y demás facultativos llevamos años reclamando mejoras en nuestras retribuciones, jornada laboral, guardias, descansos y condiciones profesionales. Son reivindicaciones legítimas, pero tener razón no garantiza conseguir lo que reclamamos. Para transformar esas demandas en derechos efectivos necesitamos organización, respaldo colectivo y una estrategia eficaz.
Lo que ofrece la negociación
Cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) acepta sentarse a negociar con los representantes médicos, está reconociendo implícitamente que existen injusticias laborales en nuestro colectivo que requieren una respuesta. Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) acude con reivindicaciones justificadas, consciente de que cualquier acuerdo estará condicionado por tres factores: el marco normativo vigente, la disponibilidad presupuestaria y el margen de concesiones que la Administración esté dispuesta a asumir.
Ambas partes tienen, por tanto, motivos para alcanzar un entendimiento. El SAS pretende evitar un conflicto laboral que podría desembocar en una huelga, con las consiguientes dificultades organizativas, reprogramaciones de consultas y aumento de los tiempos de espera. Nosotros aspiramos a conseguir mejoras concretas para los profesionales a quienes representamos. Negociar consiste precisamente en acercar posiciones para alcanzar acuerdos que, aunque no satisfagan todas las pretensiones, resulten beneficiosos para ambas partes.
¿Conseguiremos todo lo que reclamamos? Probablemente no. Toda negociación exige establecer prioridades, valorar alternativas y aceptar que algunos objetivos necesitarán más tiempo. Pero si el acuerdo mejora nuestra situación, habremos avanzado. Y conviene aclarar algo esencial: aceptar un acuerdo no significa renunciar a las reivindicaciones pendientes. Al contrario, cada mejora conseguida puede convertirse en el punto de partida para la siguiente, especialmente cuando existe un clima de entendimiento que favorece nuevas negociaciones.
Lo que aporta la huelga y lo que cuesta
Frente a esta vía suele plantearse la huelga, especialmente cuando existe un profundo malestar entre los profesionales. Se trata de un derecho fundamental y una herramienta legítima de presión, capaz de visibilizar los problemas, demostrar la unidad del colectivo y modificar la posición de la Administración.
Sin embargo, también debemos valorar sus consecuencias. Una huelga indefinida supone pérdidas económicas para los profesionales, desgaste personal, dificultades logísticas y alteraciones asistenciales que afectan a la ciudadanía. Cuanto más se prolonga, mayores pueden ser estos costes, sin que exista garantía de alcanzar los objetivos perseguidos.
La eficacia de una huelga no depende tanto de su duración como del respaldo colectivo y de su capacidad para conseguir que la Administración reconsidere sus posiciones. La intensidad del conflicto no determina necesariamente la magnitud de los resultados.
Y llegados a este punto, conviene hacerse una pregunta: ¿qué ocurre cuando una huelga consigue que la Administración cambie de posición? Que ambas partes deben volver a sentarse para concretar las mejoras, establecer plazos y asumir compromisos que permitan resolver el conflicto. Es decir, negociar.
Ahí reside la clave: la huelga puede mejorar nuestra posición en la mesa, pero no sustituye a la mesa. Puede conseguir que la Administración acepte propuestas que antes rechazaba, pero esas concesiones deben traducirse en acuerdos concretos y duraderos.
Por tanto, antes de asumir los costes de una confrontación, ¿no resulta razonable explorar primero las posibilidades de alcanzar mediante el diálogo aquello que, incluso después de una huelga, tendríamos que terminar negociando?
Esta reflexión no cuestiona la legitimidad de la huelga ni supone renunciar a ella. Simplemente reconoce que negociación y movilización son instrumentos al servicio de un mismo objetivo y que su eficacia debe valorarse por las mejoras que consiguen, no por la intensidad del enfrentamiento.
La decisión de nuestros afiliados y nuestra responsabilidad
Desde el Sindicato Médico de Sevilla respetamos todas las opiniones, pero nuestra responsabilidad es escuchar a nuestros afiliados y defender la estrategia que ofrezca mayores posibilidades de conseguir mejoras reales. En la reciente consulta, el 57,6% de los participantes apostó por continuar negociando frente a la convocatoria de una huelga indefinida. Hemos escuchado su voluntad y defendemos esa decisión, sin renunciar a ninguna de nuestras reivindicaciones.
Negociar no es una muestra de debilidad, del mismo modo que convocar una huelga no garantiza una mayor fortaleza. No debemos confundir la firmeza con la confrontación permanente, ni el entendimiento con la renuncia a nuestros derechos.
Y aquí reside la conclusión fundamental: por dura, prolongada o indefinida que sea una huelga, si queremos resolver el conflicto, siempre tendremos que volver a sentarnos a negociar. La huelga puede modificar la posición de la Administración, pero es la negociación la que permite transformar ese cambio en compromisos y derechos efectivos.
Por eso, antes de asumir los costes de un conflicto, conviene preguntarnos si podemos conseguir mediante el diálogo aquello que, incluso después de una huelga, tendremos que terminar negociando.
Negociar no es renunciar. Alcanzar un acuerdo no es conformarse. Es avanzar hoy sin dejar de defender los derechos que aún nos corresponden.
Esta es la realidad y lo demás son proclamas demagógicas vacías.
José David Maya Viejo
