Empecemos hablando claro desde el comienzo, las agresiones que sufren los profesionales de la Sanidad Pública han pasado de ser una realidad preocupante a convertirse en una situación peligrosa.
En la última semana hemos asistido a un nuevo caso que ha podido costar la vida a uno de nuestros compañeros y esta circunstancia hace que todo esto se haya convertido en una amenaza peligrosa.
Hemos dado algunos pasos en los últimos años e incluso hemos conseguido el reconocimiento como autoridad pública cuando estamos en el ejercicio de nuestras funciones en la sanidad pública, pero sin minusvalorar estas medidas hemos de decir que castigar al que agrede no evita la agresión y el sistema sanitario andaluz no puede funcionar si sus profesionales están siendo amenazados y amedrentados continuamente en sus centros de trabajo.
Las competencias sobre la consideración de autoridad pública o las penas que se imponen a los agresores son competencia del Ministerio del interior y la judicatura, pero las medidas preventivas son responsabilidad directa de la Administración Sanitaria Andaluza y hasta ahora sus medidas se limitan a crear un observatorio y convocar varios foros en los que se ofrecen datos estadísticos.
Ni una sola medida preventiva real, ni una sola medida en defensa del facultativo, ni una sola medida que simplifique los trámites, ni una sola condena pública, ni una sola acción mínimamente efectiva con respecto a este tema.
La legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales deja absolutamente claro que es responsabilidad de la empresa la adopción de medidas preventivas y, al margen de lo legal, resulta intolerable que el Servicio Andaluz de Salud permanezca inactivo mientras un número cada vez mayor de los facultativos son insultados, amenazados o golpeados.
Una vez más tendremos que acabar acudiendo a los juzgados o a la inspección de trabajo para presionar al SAS y conseguir que se adopten medidas verdaderamente efectivas. Los facultativos de la Sanidad Pública no podemos seguir yendo a trabajar con miedo y absolutamente desprotegidos, ni podemos admitir que se normalice esta lacra.
Si de verdad queremos defender la Sanidad Pública es imprescindible que defendamos a quienes prestan la asistencia y son el eje en torno al que gira la salud de los ciudadanos.
Asegurar que se defiende a los profesionales mientras lo único que se hace es crear observatorios, no es mas que palabrería sin utilidad alguna.