La aprobación del proyecto de ley de Estatuto Marco por parte del Consejo de Ministros demuestra hasta qué punto Mónica García y el Gobierno al que pertenece desprecian a nuestro colectivo. Seguir adelante con la tramitación de esta norma a pesar del rechazo unánime de médicos y facultativos constituye un acto abiertamente hostil que no puede quedar sin respuesta. En consecuencia, el Sindicato Médico Andaluz se sumará a la huelga nacional indefinida que comenzará el 28 de octubre.
Por otra parte, no podemos olvidar que la mayor parte de las competencias en materia sanitaria están transferidas a las autonomías. Desde que comenzó la movilización actual, hemos insistido en que la Junta podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo para poner fin a nuestra situación laboral insostenible. De la Junta dependen nuestras retribuciones, nuestra jornada y nuestro horario de trabajo. Aunque exigimos al Ministerio que acabe con las guardias obligatorias, la Junta tiene en su mano ponerles fin aunque el Ministerio no la obligue. De hecho, las continuidades asistenciales sólo son obligatorias en Andalucía.
No podemos ignorar, por tanto, que existen dos frentes igualmente importantes en los que luchar por nuestros derechos. En el ámbito nacional se libra la batalla del Estatuto propio. Sin una regulación propia y una mesa específica de negociación, los médicos y facultativos nunca podremos defender de manera eficaz nuestros derechos. Pero es en el ámbito autonómico donde se concretan nuestras retribuciones y nuestras condiciones de trabajo. Aun en el supuesto de que tuviéramos un Estatuto propio, la negociación con la Consejería seguiría siendo fundamental para poner fin a nuestra precariedad laboral.
En Andalucía, la Consejería de Sanidad ha mostrado su apoyo al colectivo médico y facultativo en sus reclamaciones frente al Ministerio. Sin embargo, cuando alcanzó un acuerdo con el SMA para mejorar nuestras condiciones de trabajo exigió la inclusión de una cláusula que vinculaba su cumplimiento a que nuestra movilización no afectara a la asistencia sanitaria en Andalucía. Esta cláusula, por cierto, también contenía el compromiso de cuantificar y calendarizar las mejoras contenidas en el Acuerdo, algo que aún no se ha hecho.
La existencia de un doble ámbito de negociación y de competencias nos sitúa a todos los agentes implicados en el conflicto médico en un contexto intrínsecamente contradictorio. La ministra rechaza negociar, pero el Ministerio no sufre las consecuencias de la huelga provocada por esa negativa. Muchas Consejerías, incluida la andaluza, han mostrado públicamente su apoyo a las reivindicaciones médicas, pero a la vez se sienten presionadas por las repercusiones asistenciales de la huelga. El SMA no puede renunciar a su compromiso en la lucha nacional por un Estatuto propio, pero tampoco dejar pasar la oportunidad de abrir con la Consejería un diálogo para mejorar nuestras condiciones laborales que llevamos décadas reclamando.
Esta es la realidad, por mucho que nos disguste. Todos los agentes implicados en este conflicto debemos intentar resolver las contradicciones a las que esta realidad nos somete. En cualquier caso, lo que no vamos a hacer es asumir en solitario las consecuencias de estas contradicciones.
La posición del SMA es clara: No vamos a renunciar a secundar una huelga nacional que se convoca en la defensa de nuestro colectivo, pero tampoco podemos renunciar a seguir dialogando con la Consejería para obtener las mejoras urgentes que reclama nuestro colectivo, unas mejoras que solo la Consejería puede aplicar, porque son de su competencia exclusiva.
La cuestión pendiente es esta: ¿la Consejería da por roto el diálogo con el SMA ante la convocatoria de huelga nacional, o está dispuesta a seguir negociando la aplicación del Acuerdo? Nuestra mano sigue tendida. Hemos demostrado lealtad, responsabilidad y prudencia en nuestras conversaciones y declaraciones públicas. Esperamos que la Consejería responda claramente a esta cuestión haciendo gala de estos mismos valores, como ha hecho hasta ahora.