El Sindicato Médico de Sevilla valora muy positivamente la condena impuesta, mediante juicio rápido, a la agresora de una médica del Centro de Salud de Palmete, al considerar que supone un importante avance en la lucha contra las agresiones a los profesionales sanitarios. La rapidez de la respuesta judicial evita que estos procedimientos se prolonguen durante años y lanza un mensaje claro: agredir a un sanitario tiene consecuencias penales.
La resolución judicial condena a la agresora por un delito leve de amenazas y un delito de atentado contra funcionario público, imponiéndole cuatro meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de 20 días de multa, una orden de alejamiento de 300 metros respecto del lugar de trabajo de la facultativa durante cuatro meses y el pago de las costas procesales.
Desde el Sindicato Médico de Sevilla queremos destacar que resoluciones como esta son fruto del trabajo desarrollado durante años por los profesionales sanitarios, las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y nuestra organización sindical para combatir una lacra que durante demasiado tiempo fue minimizada.
La coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el acompañamiento a los profesionales durante todo el proceso de denuncia, el impulso de protocolos de actuación y la creciente sensibilidad de jueces y fiscales han contribuido a que las agresiones a sanitarios reciban una respuesta policial y judicial cada vez más rápida y contundente.
Hace no tantos años muchas agresiones quedaban sin denunciar o terminaban con consecuencias prácticamente inexistentes para sus autores. Hoy las condenas son una realidad y constituyen un importante efecto disuasorio. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y seguimos reclamando una mayor protección preventiva y un endurecimiento de las penas, esta sentencia demuestra que denunciar merece la pena y que la impunidad ya no puede ser la respuesta frente a quienes agreden a un profesional sanitario.
Este es un logro colectivo. Cada profesional que denuncia, cada agente que interviene, cada fiscal que acusa y cada juez que condena contribuyen a proteger a quienes dedican su vida a cuidar de la salud de los demás. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo.