El Sindicato Médico de Sevilla denuncia una insuficiencia presupuestaria mínima de 60,5 millones de euros, superior al 17%, que convierte la productividad de 2025 en una nueva bajada salarial encubierta
El Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), conocido habitualmente como «productividad», nació con una finalidad concreta: motivar a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud para alcanzar los objetivos asistenciales, organizativos y de calidad pactados cada año.
El principio debería ser elemental: la Administración fija unos objetivos, los profesionales se esfuerzan por cumplirlos y el SAS retribuye ese rendimiento en función del grado de consecución. Sin embargo, en el CRP de 2025, la propia Administración ha roto desde el principio esa relación entre esfuerzo y recompensa.
El SAS ha organizado una carrera, ha fijado la meta y ha exigido a sus profesionales que lleguen hasta ella; pero, antes incluso de dar la salida, ya sabía que no había presupuestado dinero suficiente para pagar el premio prometido.
El complemento se abonará próximamente en un único pago, mediante la nómina complementaria de junio, que se hará efectiva a finales de julio. Pero pagarlo de una sola vez no significa pagarlo íntegramente. El problema no está en la forma de pago, sino en que el presupuesto ya era insuficiente antes de evaluar a un solo profesional.
Según la estimación realizada para una plantilla de 115.400 trabajadores de los grupos A1, A2, C1, C2 y E, serían necesarios, como mínimo, 357.385.060,51 euros para abonar el 100% de las cuantías establecidas. Sin embargo, la dotación presupuestaria destinada a este concepto en 2025 fue de solo 296.885.105 euros.
Faltan, por tanto, al menos 60.499.955,51 euros.
Esta cifra representa únicamente el suelo del déficit, no su magnitud real, porque el cálculo no incluye puestos con percepciones superiores, como directores de Unidades de Gestión Clínica (UGC), jefaturas de servicio y determinados cargos hospitalarios. En consecuencia, el déficit real supera los 60,5 millones de euros y se sitúa por encima del 17%.
Esto significa que el SAS exige el cumplimiento íntegro de los objetivos, pero no reserva el dinero necesario para pagar íntegramente el complemento. Incluso si todos los profesionales hubieran alcanzado el 100% de los resultados establecidos, la dotación económica habría sido insuficiente para retribuirlos.
No se trata de una desviación inesperada ni de un problema surgido al cerrar las cuentas. La insuficiencia estaba incorporada desde el origen en el presupuesto. Antes de valorar el rendimiento de los profesionales, el SAS ya había consignado una cantidad incapaz de cubrirlo.
Con una bolsa económica cerrada y claramente infradotada, el sistema solo puede cuadrarse mediante factores de corrección y mecanismos matemáticos opacos que, en la práctica, rebajan las puntuaciones de las unidades y reducen las cantidades que perciben sus trabajadores.
El resultado es que ya no es el rendimiento el que determina cuánto cobra el profesional: es el presupuesto el que termina decidiendo cuánto vale su trabajo.
Basta un ejemplo para comprender la magnitud de esta distorsión: se han dado casos de UGC inicialmente puntuadas con un 6,5 que, tras aplicar el denominado factor de corrección, han terminado con una puntuación de 4,2. Una rebaja difícil de justificar desde criterios de rendimiento e indignante para quienes han trabajado durante todo el año para cumplir los objetivos establecidos. Además, sus consecuencias no se limitan al importe del CRP: esta reducción puede afectar al acceso y a la progresión en la carrera profesional e incluso convertirse en una causa directa de exclusión.
La situación resulta aún más injusta cuando algunos de esos objetivos supuestamente «pactados» son materialmente imposibles de alcanzar. Es el caso de la accesibilidad o disponibilidad de cita médica en menos de cuatro días, algo que no puede garantizarse con la actual saturación de la Atención Primaria y la falta de cobertura de numerosos cupos médicos. Su cumplimiento no depende del esfuerzo del profesional, sino de que la Administración aporte los recursos necesarios.
No estamos ante una reducción causada por un menor rendimiento de los trabajadores. Estamos ante una decisión presupuestaria previa que termina repercutiendo directamente sobre sus nóminas.
No es productividad. Es una nueva bajada salarial encubierta.
El efecto sobre la plantilla es profundamente desmotivador. Médicos y demás profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria han trabajado durante todo el año con agendas saturadas, plantillas insuficientes, ausencia de sustituciones, sobrecarga asistencial y una presión creciente. Después de exigirles más actividad, mayor implicación y mejores resultados, el SAS les comunica ahora, a través de sus nóminas, que cumplir tampoco garantiza cobrar lo comprometido.
Esta actuación destruye cualquier capacidad motivadora del CRP y deja en una posición insostenible a quienes dirigen las unidades y los servicios
¿Qué argumentos podrán utilizar ahora los directores de UGC o los jefes de servicio para pedir un esfuerzo adicional, promover nuevos objetivos o reclamar una mayor implicación a sus equipos?
¿Cómo pueden pedir confianza en un sistema que la propia Administración ha dejado sin respaldo económico? ¿Cómo pueden presentar el CRP como un incentivo cuando deben explicar a sus trabajadores que, aunque cumplan, puede no haber dinero suficiente para pagarles?
El SAS convierte así a sus responsables asistenciales en portavoces de una promesa que no ha financiado adecuadamente. Les exige motivar a las plantillas mientras vacía de credibilidad el instrumento que deberían utilizar para hacerlo.
Un incentivo deja de serlo cuando el trabajador comprende que su retribución depende menos de su esfuerzo que del recorte presupuestario decidido de antemano. Lo que debía fomentar la implicación produce exactamente el efecto contrario: frustración, desconfianza, desafección y desmotivación.
El Sindicato Médico de Sevilla exige la publicación completa y transparente de las puntuaciones iniciales y corregidas, de los factores de ajuste aplicados, de las cuantías correspondientes a cada categoría y de la ejecución final del presupuesto destinado al CRP.
Asimismo, reclama que se abonen cuanto antes, mediante una nómina complementaria, las cantidades que cada trabajador debería haber percibido sin la aplicación de coeficientes reductores y que estos mecanismos dejen de utilizarse en el futuro para imponer nuevas bajadas salariales encubiertas.
El SAS no puede exigir objetivos máximos, reservar un presupuesto insuficiente y hacer que sean los profesionales quienes paguen la diferencia. Una Administración sanitaria pública debería regirse por la transparencia, la coherencia y el respeto a sus trabajadores. En este caso, faltan las tres.
Los profesionales han cumplido con su trabajo. Quien no ha cumplido con su obligación de presupuestar, reconocer y retribuir adecuadamente ese esfuerzo ha sido el SAS.