Desde el Sindicato Médico de Sevilla denunciamos una nueva agresión sufrida por una facultativa del Servicio de Urgencias del Hospital General Virgen del Rocío, ocurrida en la tarde del 15 de julio, y exigimos al Servicio Andaluz de Salud la adopción inmediata de medidas eficaces para proteger a unos profesionales que desarrollan su trabajo en un entorno cada vez más inseguro.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando una médica atendía a un paciente clasificado con prioridad de nivel 4, correspondiente a una patología no urgente, cuya asistencia se había demorado aproximadamente una hora y cuarto debido a la elevada presión asistencial del servicio.
Nada más iniciarse la consulta, tanto el paciente como su acompañante comenzaron a increpar, insultar y agredir verbalmente a la facultativa por el tiempo de espera.
La situación fue escalando hasta que ambos se interpusieron entre la médica y la puerta de la consulta, impidiéndole abandonar la estancia para solicitar ayuda. Alertado por los gritos, otro facultativo acudió en su auxilio mientras se avisaba al personal de seguridad, que intervino rápidamente para controlar la situación.
La facultativa ha comunicado oficialmente la agresión y ha presentado la correspondiente denuncia.
Desde el Sindicato Médico de Sevilla recordamos que ningún tiempo de espera justifica una amenaza, una agresión o impedir físicamente la salida de un profesional sanitario. La violencia nunca puede convertirse en la respuesta a las dificultades de un sistema sanitario sometido a una enorme presión. Para que un sistema público pueda atender a toda la ciudadanía con criterios de necesidad clínica, proporcionalidad y equidad, es imprescindible que todos los usuarios respeten las normas de funcionamiento y a los profesionales que lo hacen posible.
Pero también recordamos que el Servicio Andaluz de Salud tiene la obligación legal de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos inherentes a su actividad. La saturación de los servicios, la insuficiencia de recursos humanos y la falta de medidas preventivas eficaces generan un clima de tensión que incrementa el riesgo de agresiones y que la Administración no puede seguir ignorando.
Es imprescindible reforzar la protección de los profesionales, adoptar medidas preventivas eficaces y responder con firmeza frente a los agresores. La Administración debe denunciar expresamente estos hechos, reclamar daños personales y materiales cuando correspondan y promover un endurecimiento de las consecuencias penales y económicas para quienes atenten contra los profesionales sanitarios.
Las agresiones han dejado de ser episodios aislados para convertirse en un problema estructural que amenaza la seguridad de los profesionales y deteriora la asistencia sanitaria. Para quienes trabajan en Urgencias, esta será, lamentablemente, una agresión más; para el SAS, corre el riesgo de quedar reducida a otra cifra en sus registros. Para la médica agredida, en cambio, puede significar una experiencia traumática con consecuencias personales y profesionales duraderas. Esa dimensión humana es la que la Administración no puede seguir ignorando.