SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF firmaron un anteproyecto que ignoraba las reivindicaciones médicas. Ahora protestan cuando el Ministerio aplica el mismo método a los colectivos donde concentran su fuerza sindical.
El Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco Sanitario ha dejado de ser solo una reforma laboral para convertirse en una prueba de credibilidad. Y el resultado es devastador para el Ministerio de Sanidad y también para los sindicatos que lo avalaron.
Durante meses, médicos y facultativos han denunciado que Sanidad no negocia de verdad: convoca, escucha, promete y después redacta otra cosa. El Ministerio proclama voluntad de diálogo ante los medios, pero mantiene bloqueada una negociación específica con el colectivo médico y facultativo, precisamente el que soporta la responsabilidad clínica directa del Sistema Nacional de Salud.
La carta remitida el 9 de junio por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF a los consejeros de Sanidad confirma ahora esa denuncia. Los sindicatos firmantes advierten de que no aceptarán que, una vez alcanzado un acuerdo con el Ministerio, se revisen cuestiones ya pactadas. Critican cambios en la clasificación profesional, rechazan unidades electorales diferenciadas para médicos y facultativos, se oponen a mesas propias para un solo colectivo y amenazan con extender la huelga a todas las categorías estatutarias si el texto se modifica en ese sentido.
La paradoja es evidente. Esos mismos sindicatos dieron el visto bueno a un anteproyecto claramente perjudicial para médicos y facultativos, sin que les temblara la mano. Sabían que el texto no reconocía adecuadamente la especificidad médica. Sabían que bloqueaba una representación propia. Sabían que dejaba al colectivo facultativo diluido dentro de una negociación general donde sus intereses quedan subordinados a mayorías sindicales ajenas. Aun así, firmaron.
Ahora protestan no porque el texto fuera lesivo para los médicos, sino porque el Ministerio empieza a tocar también elementos que afectan a los colectivos sobre los que sí ejercen mayor influencia sindical. Mientras el perjuicio se concentraba en médicos y facultativos, lo llamaron acuerdo. Cuando la misma lógica amenaza su espacio de representación, lo llaman ruptura.
Ese es el fondo del conflicto: un Ministerio que negocia una cosa y redacta otra, y unos sindicatos que solo descubren el problema cuando deja de afectar exclusivamente a los médicos.
El anteproyecto nace con un defecto de origen. Trata de regular de forma homogénea realidades profesionales que no son equivalentes. Médicos y facultativos no reclaman privilegios, sino reconocimiento jurídico, laboral y organizativo de una singularidad objetiva: una formación larga y altamente especializada, responsabilidad directa sobre el diagnóstico y el tratamiento, carga asistencial creciente, presión legal, guardias, continuidad asistencial y toma de decisiones clínicas que afectan directamente a la vida de los pacientes.
Sanidad ha preferido ocultar esa realidad bajo una norma común. Y los sindicatos firmantes han contribuido a ello, defendiendo una negociación conjunta que en la práctica impide al colectivo médico disponer de voz propia. Hablan de unidad, pero esa unidad se convierte en uniformidad cuando borra diferencias sustanciales de responsabilidad, formación, jornada y penosidad.
La regulación de las guardias es uno de los ejemplos más claros. El Ministerio presenta como avance la reducción de las jornadas de guardia a 17 horas, pero el propio texto abre la puerta a mantener jornadas de hasta 24 horas en determinados supuestos. En plantillas agotadas, servicios infradotados y centros de difícil cobertura, la supuesta voluntariedad puede convertirse fácilmente en presión estructural. Cambia el envoltorio, pero se conserva la dependencia del sistema respecto al sobreesfuerzo médico.
También la clasificación profesional sigue siendo insuficiente. Encajar al médico y al facultativo en una arquitectura general de grupos no resuelve el problema de fondo: el reconocimiento real de la formación de grado, la especialización, la responsabilidad clínica y la exigencia permanente que soporta el colectivo. Una tabla administrativa puede ordenar categorías, pero no sustituye una carrera profesional coherente ni una retribución ajustada a la responsabilidad asumida.
El recurso al Consejo Interterritorial tampoco limpia la responsabilidad del Ministerio. Si Sanidad impulsa una ley básica estatal, no puede esconderse después detrás de las comunidades autónomas cuando estalla el conflicto. Para los médicos, esa maniobra diluye la negociación. Para los sindicatos firmantes, reabre un pacto que daban por cerrado. El Ministerio ha conseguido así irritar a todos: a quienes rechazaron el texto desde el principio y a quienes lo firmaron creyendo que quedaba bajo su control.
La carta de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF no desmonta la crítica médica. La refuerza. Demuestra que el Ministerio no es un interlocutor fiable y que el anteproyecto se ha construido sobre equilibrios sindicales, no sobre las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud. Pero también deja en evidencia a quienes avalaron una norma dañina para médicos y facultativos y solo ahora levantan la voz, cuando el perjuicio empieza a alcanzar los colectivos que sí consideran suyos.
El Estatuto Marco debía modernizar las condiciones laborales del SNS. En cambio, amenaza con consolidar una injusticia estructural: médicos y facultativos regulados sin una negociación propia, sin reconocimiento suficiente de su responsabilidad y sin garantías reales frente a la sobrecarga que sostiene diariamente la sanidad pública.
La conclusión es incómoda, pero inevitable. Sanidad ha tramitado una reforma de enorme impacto sin escuchar de verdad al colectivo médico. Y los sindicatos firmantes han perdido autoridad moral para presentarse como defensores del conjunto del personal estatutario después de haber avalado un texto que sacrificaba las reivindicaciones médicas. Solo han reaccionado cuando el Ministerio ha empezado a aplicarles la misma medicina.
Sin médicos y facultativos reconocidos, escuchados y representados de forma específica, no habrá Estatuto Marco capaz de fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Habrá, como mucho, una ley más: políticamente útil para el Ministerio, sindicalmente cómoda para algunos y profundamente dañina para quienes sostienen la asistencia clínica cada día.