El Sindicato Médico Andaluz reclama un plan específico para pandemias y un aumento de inversión absoluta en sanidad

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha reclamado este lunes la puesta en marcha de un plan específico para pandemias que, englobado en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, incluya métodos para asegurar la trazabilidad de los contagios. Asimismo, ha exigido un aumento de inversión en términos absolutos para Sanidad a fin de paliar las deficiencias estructurales del sistema andaluz.

En la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19, constituida en el Parlamento andaluz, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, ha incidido en la necesidad de su puesta en marcha y en la necesaria inclusión de “protocolos de coordinación tanto con otras instituciones andaluzas como con el Gobierno central”. “Proponemos, además, la creación de un Consejo Permanente de Vigilancia Epidemiológica que estaría formado por profesionales de la salud de alta cualificación”, han dicho desde el sindicato.

Así, los facultativos han propuesto la creación de “un mando único provincial o la dotación de competencias efectivas a los delegados provinciales que aseguren la coordinación entre las distintas agencias de salud de la provincia y con la propia Consejería”.

Sin querer caer en el “rencor por el daño que los errores de la gestión de la crisis han causado a los médicos andaluces”, el SMA ha presentado en la subcomisión de Sanidad y Salud Pública una batería de propuestas de futuro “reafirmando así nuestro compromiso y responsabilidad social que conviertan las debilidades pasadas en futuras fortalezas”.

De esta forma, deben instaurarse talleres periódicos sobre emergencias biológicas para todo el personal; sobre todo, de aquellas especialidades médicas que suponen la primera línea de batalla; aumentar las plazas MIR en la Especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública; aumentar la inversión en I+D+I, ya que es necesario contar con grupos mixtos de expertos en Big Data y Salud Pública que puedan anticipar las conductas evolutivas de los agentes externos.

Asimismo, es necesario rediseñar y adaptar nuestro tejido industrial para reorientarlo a la fabricación de elementos y aparataje que hasta ahora venimos importando; ya que las empresas españolas han sido capaces de cambiar sus líneas de producción y han demostrado una gran capacidad de adaptación, pero los trámites administrativos y las homologaciones han tardado en exceso.

En este sentido, se hace imprescindible revisar y agilizar los procesos de homologación para evitar demoras en el abastecimiento y endurecer los estándares, en particular, en los productos procedentes del lejano oriente, para que no volvamos a suministrar material defectuoso comprado a alto precio.

Igualmente, debería ser obligada la existencia de stocks suficientes de material de protección que aseguraran el abastecimiento al menos durante seis meses; un cambio en el modelo de gestión con la incorporación de los profesionales a la gestión de los centros, ya que la despolitización de la gestión sanitaria es la única forma de asegurar la eficiencia y la calidad asistencial; así como la Historia clínica compartida con otras autonomías, ya que  el acceso a los datos de salud de los ciudadanos de otras comunidades puede ser de gran ayuda tanto en situaciones de emergencia como en la normal asistencia a desplazados.

Para hacer frente a estos retos es necesario abordar el modelo de financiación y la cartera de servicios del sistema sanitario público. Entre otras cuestiones, tal y como ha sostenido Rafael Carrasco, es imprescindible “la equiparación salarial de nuestros profesionales con los del resto del territorio nacional; así como acabar con las diferencias retributivas y laborales entre los facultativos del SAS y los de las Agencias Públicas”.

En este sentido, Carrasco ha explicado que “Andalucía es una de las comunidades que menos fondos destina a Sanidad, siendo España un país que dedica a esta partida uno de los porcentajes del presupuesto más bajo de toda Europa”. En 2019, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que menos ha invertido por habitante (1.165 euros) y, según las previsiones para 2020, en el que aún no hay datos de presupuesto consolidado, “seguiremos estando entre las cuatro comunidades que menos invierten en salud por habitante (1.304 euros)”, ha avanzado.

Comparativa de datos con Extremadura

Según algunos datos extraídos de las publicaciones del Ministerio de Sanidad sobre indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, en el caso de Extremadura, una comunidad que no difiere mucho en renta per cápita con Andalucía, cuenta con 10,21 quirófanos por 100.000 habitantes; mientras que la comunidad andaluza tiene 8,57. El número de camas por 1.000 habitantes en Andalucía es de 2,19; mientras que en Extremadura es de 3,3 y, de estas camas, en Andalucía solo 77 por ciento pertenecen a la sanidad pública; mientras que en Extremadura el porcentaje de camas propiedad de la sanidad pública es del  94,19 por ciento.

En cuanto a los médicos de atención primaria por 10.000 habitantes en Andalucía es de 0,75 frente a los 0,91 de Extremadura; al igual que el número de especialistas también es menor. El porcentaje de gasto en remuneración del personal sanitario en Andalucía es un 48,7 por ciento; mientras que en Extremadura es un punto más alto, un 49,7 por ciento.

En definitiva, tal y como ha sostenido el presidente del SMA, “los facultativos andaluces son los peor pagados en el territorio nacional; con el modelo de carrera profesional más injusto y duro; con un complemento específico ligado al concepto de exclusividad, una discriminación intolerable que ha sido erradicada en la mayor parte de España; un modelo de incentivos que desmotiva y contribuye a la discriminación salarial (CRP); sin una regulación clara de la jornada; sin un efectivo plan de agresiones y con una gestión sin profesionalizar”.

Junto a estos problemas estructurales, Carrasco ha explicado en comisión que cuando la pandemia llegó a Andalucía, a pesar de que los datos epidemiológicos han sido mucho mejores que en el resto del país, “esta situación no evitó que la gestión de la crisis estuviera marcada por una gestión inexperta, sin diálogo, sin confianza en las organizaciones sindicales, sin coordinación entre los centros, las administraciones y las plataformas logísticas; con desabastecimiento de EPIs y test; además de una información caótica”.

Estos deficiencias han provocado que los profesionales andaluces hayan tenido una tasa de contagio de casi el 20 por ciento, una de las más altas del resto del mundo”. No obstante y, a pesar de todo ello, durante la crisis se han impuesto cambios en los horarios, turnos y régimen de actividad complementaria, haciendo que “muchos médicos cobrasen menos y empeorasen sus condiciones laborales”, mientras que escaseaban los profesionales para cubrir bajas y se saturaban las salas de Coordinación del 061.

En resumen, desde el Sindicato Médico Andaluz han criticado que “durante la pandemia ha habido contagios masivos de profesionales, caos organizativo e informativo, listas de espera disparadas, cambios encubiertos en sueldos y condiciones laborales y, sobre todo, un gran sentimiento de desafección y descontento entre el personal facultativo, que se suma al acumulado en los últimos años”.

Sin embargo, “los facultativos andaluces han trabajado con sentido de la responsabilidad y el compromiso con la salud de la población; por lo que el hecho de que la comunidad aún no haya implementado ninguna medida de reconocimiento a los profesionales sanitarios por su esfuerzo durante la crisis, dice muy poco de la consideración que esta Administración nos tiene, a pesar de que ya se ha hecho en otras comunidades”, han finalizado desde el SMA.


Fuente: SMA

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