Mentiras arriesgadas

Las agresiones a médicos no dejan de aumentar. En el primer semestre de este año, solo en Sevilla han sido denunciadas 12 agresiones, aunque es probable que la cifra total sea superior, pues muchos compañeros son renuentes a hacer público un acontecimiento que viven como una humillación. El objeto de este artículo es analizar alguna de las causas de esta realidad vergonzosa.

La sanidad es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Solo la superan el paro y los problemas económicos, además de la corrupción y los políticos. De hecho, nos preocupa más que la inmigración y que los problemas sociales. El gasto sanitario representa aproximadamente un tercio del gasto total de las comunidades autónomas. Andalucía, que tiene el gasto sanitario más bajo por habitante, en 2018 destinó más de 9.700 millones de euros a este sector. Estos datos justifican que la sanidad resulte prioritaria para nuestros gobernantes, aunque estos harían bien en abordar la cuestión con honestidad y franqueza, evitando caer en la demagogia.

El gasto sanitario es potencialmente ilimitado. Siempre es posible colocar una prótesis mejor, optar por un medicamento más caro, extender un programa de vacunación o una prueba de diagnóstico precoz a un porcentaje mayor de la población. Siempre es posible gastar más. Una parte de la ética médica se ocupa precisamente de los aspectos asistenciales de la justicia distributiva: gastar sin restricciones en un sector de la sociedad conlleva necesariamente privar de asistencia a otra parte de ella. Una medicina de calidad consiste, entre otras cosas, en maximizar los beneficios obtenidos con recursos limitados.

Administrar recursos sanitarios limitados nos obliga a hacer elecciones. Debemos decidir cuánto queremos gastar y en qué. En los últimos años han surgido medicamentos muy caros para enfermedades como el cáncer o la hepatitis C. Tratar a un solo paciente con uno de estos fármacos cuesta decenas de miles de euros. Pero no podemos dejar sin tratamiento a estas personas. Aunque debemos combatir el enriquecimiento ilegítimo de las compañías farmacéuticas, mientras lo conseguimos debemos decidir cómo financiar el gasto farmacéutico: ¿Pagando más impuestos? ¿Recortando prestaciones? ¿Estableciendo el copago en ciertos servicios? ¿Extendiendo el copago farmacéutico a las pensiones más altas? El mismo problema se plantea con las listas de espera o la atención a las personas dependientes. Estas son decisiones que solo puede adoptar la sociedad por procedimientos democráticos. Pero ¿qué político se atreverá a ser el primero en plantearnos este dilema? ¿Qué precio le haremos pagar por ello?

Delegar en nuestros representantes decisiones que nos corresponden como sociedad, los dota de un poder difícil de gestionar con lealtad. Abusando de ese poder que hemos puesto en sus manos, nuestros políticos no solo han privado a la sociedad de información relevante, sino que incluso han suplantado a los profesionales en la toma de decisiones clínicas. No han explicado suficientemente que es necesario limitar opciones terapéuticas que no aportan un beneficio clínico significativo; no han dejado claro que debemos elegir entre aumentar el porcentaje de PIB que dedicamos a sanidad o renunciar a prestaciones. Han tomado decisiones que no les corresponden. En Andalucía, muchas indicaciones médicas se han sentado por decreto. Las listas de espera son el ejemplo perfecto. Dependiendo del problema de salud que tenga una persona, la ley establece el tiempo máximo que debe esperar. Es probable que este disparate obedezca menos al deseo de garantizar prestaciones que al de ganar elecciones. La urgencia de una intervención depende de las circunstancias de cada paciente y, dado que nuestros recursos son limitados, garantizar por ley que algunas patologías no admiten demora conduce a privar de asistencia a quienes carecen de esa cobertura legal. En Andalucía, estos pacientes malditos se escondían en los cajones.

Pero encuentro que en este engaño colectivo todos tenemos una parte de culpa. A nuestros políticos les ha faltado valor para decirnos la verdad y a nosotros para exigírsela. Es más cómodo prometer coberturas infinitas o mejoras inmediatas, que confesar la necesidad de asumir recortes o de pagar más impuestos. Es más cómodo creer en promesas imposibles de cumplir que aceptar la cruda realidad. Pero esta, tarde o temprano, se impone. Algún día, un médico deberá explicarnos que debe recetarnos un genérico, que no puede solicitar una prueba complementaria porque los criterios para su realización son muy estrictos, o que debemos esperar un año para ser intervenidos. Él pagará las consecuencias de despertarnos de nuestro ensueño.

Una sociedad inmadura, que no está dispuesta a aceptar las limitaciones que han de existir en cualquier sistema sanitario avanzado, se merece una clase política incapaz de contarle la verdad y dispuesta a decidir por ella. Al final, como esos adolescentes malcriados que a menudo vemos en televisión, a esa sociedad, para escapar de la frustración, solo le quedará el recurso de pegar a sus médicos.

 

Rafael Ojeda- Presidente del SMS y vocal de Hospitales del SMA

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