La Audiencia Nacional rechaza paralizar la OPE Estatal

La Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) solicitó a la Justicia que estableciera medidas cautelares contra el pacto entre sindicatos y el Gobierno central. Sindicatos de clase creen que la demanda ante la Audiencia Nacional no tiene futuro.

El anuncio de que el Gobierno central levantaría la mano con la tasa de reposición y podrían convocarse ofertas públicas de empleo (OPE) masivas para hacer frente a la temporalidad de los servicios públicos fue recibido con esperanza y cierta inquietud a la vez.

Alegría por parte de quienes estaban esperando una oportunidad para conseguir una plaza de funcionario y la tan ansiada seguridad laboral que eso implica; preocupación por parte de veteranos que llevan años encadenando contratos temporales y que temen que por culpa de un examen se queden en la calle.

Ésta es la polémica que rodea la disputa judicial entre la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), por una parte, y el Gobierno y los principales sindicatos de clase (CCOO, UGT y CSI-F) por las bases del acuerdo sobre estabilidad del empleo, rubricado en marzo de 2017, cuando el PP aún estaba en el poder. Es el pacto base para la macro OPE de Sanidad, además de las que se negocian en otros ámbitos.

De momento, la Audiencia Nacional ha rechazado tomar medidas cautelares, por lo que  las oposiciones seguirán adelante hasta que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

El acuerdo firmado habla de sacar a procesos selectivos el 90 por ciento de las plazas que llevaran desde hace al menos tres años cubiertas por personal temporal. Pero nada dice de dar o no ventaja a ese personal.

“No digo que esas plazas no tengan que salir a concurso-oposición. Pero sí que tenga en cuenta, por una parte, a la gente con poca experiencia, primando la oposición, y a la gente que tiene mucha experiencia, prímele los méritos”, defiende Manuel Martos, abogado y presidente de ANIL, para explicar por qué considera que hay una situación de desigualdad que justificaría una discriminación positiva.

Tampoco entiende que no se puedan sacar “todas las plazas cubiertas por personal temporal”, que defiende que es el deber de la Administración, en lugar de sólo una parte. Para él, el acuerdo es “un ERE encubierto”.

Los sindicatos firmantes aseguran que están tranquilos respecto al futuro de las oposiciones

Además, apuntan que ANIL incide en la vulneración de la igualdad curiosamente por la igualdad de trato del interino con el resto de los ciudadanos en el acceso, en la necesidad de superar unas pruebas donde se le puntúan los servicios prestados en la fase de concurso.

¿Se puede proceder a esta discriminación positiva que defiende Martos? Los sindicatos creen que habría supuesto problemas legales. Tanto sindicatos como el Gobierno descartaron que se pudiera utilizar sólo el concurso de méritos amparándose en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). “Es una medida excepcional, y ya el Constitucional, cuando tuvo que pronunciarse sobre las oposiciones de Sanidad de los años 90, las validó sólo porque entendía que se iban a realizar una sola vez, de forma justificada por la transferencia de competencias”.

Según el EBEP, la valoración de los méritos sólo podrá tener “una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso “, por lo que queda descartado que tenga más peso que la oposición.

Fuente: SMA

Gabriel Del Pozo, vicesecretario de CESM -sindicato no incluido en el acuerdo al no tener representación en la mesa de función pública- apunta que le parece difícil diseñar un proceso selectivo en el que se aplique ad hoc según el candidato un peso de los méritos u otro. “Sólo lo veo posible haciendo convocatorias separadas”. En cuanto al peso de los méritos respecto a la oposición, asegura que hay antecedentes de una proporción del 50 por ciento para el concurso “y eso es lo que se está negociando en varias comunidades, entre ellas Madrid”.

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