El SAS agrede a los médicos agredidos

El pasado 21 de julio el diario ABC de Sevilla publicaba un artículo con el resumen de las agresiones sufridas por médicos y enfermeros durante 2014,  146 en total con 121 agresiones verbales  y 25 físicas. El artículo venía a colación de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, mediante enmienda del artículo 550 que regula el delito de atentado para considerar como tales los cometidos contra docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Atentados que serán castigados con penas de 1 a 4 años de prisión.

Del total de agresiones sufridas, el 83 % son agresiones verbales que, lógicamente, tienen distinta incidencia sobre la salud de los afectados según factores como la intensidad y fuerza de la agresión verbal, la sensibilidad y momento personal de quien la sufre, la reincidencia de las mismas, etc, etc.

Ningún profesional sufre una agresión en su lugar de trabajo más que por el hecho de estar allí, es decir, sufre una lesión corporal que se produce con ocasión y como consecuencia de la realización de un trabajo por cuenta ajena como dice la definición de accidente de trabajo.  Y se especifica, en el procedimiento 04 del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del propio SAS (que regula todo lo concerniente a accidente de trabajo/incidente ocurrido en su organización a sus trabajadores) que lesión, en términos de accidente de trabajo, es “todo daño o detrimento somático o psíquico causado violentamente, consecutivo a la acción de causas externas (mecánicas, físicas, químicas como la administración de sustancias tóxicas o nocivas, biológicas o psicológicas) o internas (esfuerzo)”.

Pues bien, no es la primera vez, pero esperamos que sea la última y que se rectifique la situación, que un médico es agredido verbalmente y, como consecuencia de tal agresión, necesita retirarse de la consulta durante un tiempo, el necesario para que psicológicamente pueda volver a tener fuerza mental suficiente para afrontar la agresividad cotidiana de la consulta sin que le afecte o, al menos, sea capaz de controlar los miedos lógicos que esta situación pueda provocarle. Y esta situación afecta de forma muy distinta a un profesional que a otro, según las respuestas al estrés psicológico de cada uno.

Cuando esto ocurre es el propio SAS el que rechaza la situación de baja por accidente de trabajo y obliga al profesional a estar de baja por enfermedad común. La consecuencia es la misma que si se le hubiese abierto un expediente y se le castigase con la suspensión de empleo y del 50 % del sueldo los 3 primeros días de baja y del 25 % de los días 4 al 20, así como la pérdida de todos los complementos, incluido el de prorrateo de guardias que es la merma económica que conlleva la IT por enfermedad común.

Un castigo en toda regla que ha ocurrido este mismo verano y que, desgraciadamente, no es la primera vez que pasa.

El SAS tiene un protocolo ante Agresiones y alardea públicamente de ello y de su tolerancia cero contra las mismas así como de la asistencia que presta a sus profesionales que la sufren. Este tipo de actuaciones que denunciamos demuestra todo lo contrario y pone a sus profesionales ante una tesitura de inseguridad psicológica y económica ante las agresiones verbales, la gran mayoría, sufridas en su trabajo como consecuencia exclusiva de la realización del mismo. Lo que, sin duda, repercutirá, a la larga,  en los resultados de la atención que el sistema debe prestar a la población a la que se debe.

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