En apenas dos meses, más de mil médicos de familia y pediatras de atención primaria podrían verse obligados a colgar la bata y dejar sus consultas en los centros de salud. La razón no es una epidemia ni un recorte de plantilla, sino la caducidad de una medida excepcional: la jubilación activa mejorada, que permitía a estos profesionales seguir trabajando después de alcanzar la edad de jubilación, cobrando el 75% de su pensión y su salario a la vez.
El Centro de Estudios SIMEG ‘Vicente Matas’ advierte en un informe del problema que supondrá el fin de esa medida, aprobada en 2022 como plan piloto de tres años, y que termina el próximo 28 de diciembre, sin que el Gobierno haya confirmado aún si piensa renovarla o no. Si no se prorroga, esos médicos tendrán que retirarse de forma inmediata, justo cuando la Atención Primaria atraviesa una de sus mayores crisis de personal.
Cuando se aprobó esta jubilación activa mejorada, la idea era sencilla: mantener en activo a médicos con experiencia en un momento en que no hay suficientes jóvenes para reemplazarlos. El sistema sanitario necesitaba tiempo para formar nuevos especialistas y paliar el déficit creciente en los centros de salud.
Durante estos tres años, la medida ha funcionado. Muchos médicos de familia y pediatras han podido continuar en sus puestos, y gracias a ellos se ha evitado el cierre de consultas en zonas rurales o pequeños municipios donde cubrir una vacante puede tardar meses.
Pero el reloj corre, y si nada cambia antes de diciembre, esos mismos médicos tendrán que dejar de trabajar. “El 29 de diciembre podríamos amanecer con más de mil consultas vacías en toda España”, advierte el informe.
Una falta de relevo que se agrava
El fondo del problema está claro: la falta de médicos. Cada año se jubilan más de los que acaban el MIR, y muchos de los recién formados prefieren irse a hospitales, al sector privado o incluso al extranjero, donde las condiciones son mejores.
En Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, las plantillas están especialmente envejecidas, y los cupos de pacientes por médico superan los límites recomendados. En algunos centros de salud, conseguir una cita con el médico de familia puede tardar entre 10 y 15 días.
“Estos profesionales en jubilación activa son los que están sosteniendo la atención en muchos lugares”, explica el informe. “Si desaparecen de golpe, la presión sobre los que quedan será insoportable.”
La jubilación activa mejorada permite a los médicos seguir trabajando, normalmente hasta los 70 años, mientras perciben el 75% de su pensión contributiva. Pueden hacerlo a jornada completa o parcial, y continúan cotizando a la Seguridad Social.
Para muchos de ellos, no se trata de una cuestión económica, sino vocacional. Quieren seguir atendiendo a sus pacientes, aportar su experiencia y ayudar a un sistema sanitario que lleva años al límite. “Después de toda una vida trabajando, no es fácil dejarlo sabiendo que el centro se queda sin médico”, comentan algunos profesionales acogidos a esta fórmula.
El problema es que el plazo expira y la ley no prevé prórroga automática. Si no se renueva antes del 28 de diciembre, la jubilación será efectiva y los contratos quedarán extinguidos.
La pérdida repentina de más de mil médicos tendría un efecto inmediato sobre la atención sanitaria. Los tiempos para conseguir una cita aumentarían, los equipos quedarían incompletos y los servicios de urgencias volverían a saturarse por consultas que deberían resolverse en los centros de salud.
En zonas rurales, donde la cobertura médica ya es escasa, algunos municipios podrían quedarse sin médico asignado durante semanas. “No hablamos solo de estadísticas; hablamos de personas que dejarían de tener a su médico de toda la vida”, apunta el estudio.
A diferencia de otros programas, esta jubilación activa no supone un gran gasto extra para las arcas públicas. De hecho, aprovecha el talento y la experiencia de médicos ya formados, sin necesidad de nuevas contrataciones ni largos procesos de formación.
Por eso, muchos expertos piden que el Gobierno apruebe cuanto antes una prórroga y estudie incluso ampliar el modelo a otras especialidades con déficit de profesionales, como anestesia o radiología. También proponen aumentar la edad máxima de aplicación hasta los 72 años y revisar la carga fiscal, ya que estos médicos tienen dos pagadores (la Seguridad Social y el Servicio de Salud), lo que aumenta la retención del IRPF.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. Nadie sabe si el Ministerio de Sanidad o el de Seguridad Social actuarán a tiempo. La medida ha demostrado ser eficaz, pero el calendario juega en contra. Si no se prorroga, el 28 de diciembre será el último día de trabajo para más de un millar de médicos. Y el 29, la Atención Primaria amanecerá con un vacío difícil de llenar.
En un sistema ya tensionado, la continuidad de estos profesionales podría marcar la diferencia entre un servicio saturado y un sistema capaz de resistir.
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