El Sindicato Médico de Sevilla denuncia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está aplicando en la provincia un procedimiento de supervisión y rechazo de pruebas diagnósticas solicitadas por los médicos de Familia, una medida que vulnera la lex artis médica y los principios éticos fundamentales que deben regir toda práctica asistencial.
El acto médico, por definición, implica una valoración clínica individualizada del paciente y la indicación de las pruebas necesarias para confirmar un diagnóstico o ajustar un tratamiento. Solo el facultativo responsable conoce los antecedentes, el contexto y la evolución de cada caso. Someter esa decisión a filtros administrativos ajenos al proceso clínico carece de justificación y transforma la medicina en un acto tutelado y burocrático, con graves consecuencias para la equidad, la seguridad y la calidad asistencial.
El procedimiento actualmente en vigor permite rechazar pruebas diagnósticas sin comunicación efectiva ni al médico ni al paciente. En teoría, las incidencias se notifican a través del «buzón del profesional», pero en la práctica la información llega con semanas o incluso meses de retraso, o bien el médico de Familia carece de tiempo material para revisarlo, al no disponer de huecos en su agenda ni de tiempo protegido para tareas no asistenciales. Esta situación coloca al profesional en una indefensión total, pues puede desconocer durante meses que la prueba solicitada ha sido rechazada, y solo lo descubre cuando el paciente vuelve a consultar por la ausencia de cita o resultados.
El paciente, por su parte, tampoco recibe comunicación alguna. Muchos esperan entre cuatro y seis meses una cita que nunca llega, sin saber que su prueba fue «no validada» por la Administración. Este circuito opaco y deshumanizado degrada la asistencia sanitaria, genera retrasos diagnósticos injustificables y erosiona la confianza en el sistema público de salud. En numerosos casos, ni el facultativo ni el paciente llegan a conocer el motivo del rechazo, lo que constituye una práctica éticamente inaceptable y potencialmente contraria a la legislación vigente.
Estas restricciones afectan especialmente a pruebas de imagen esenciales —como TAC, resonancias magnéticas, ecografías y otras exploraciones complementarias—, cuya denegación injustificada limita la capacidad diagnóstica del médico y compromete el seguimiento de patologías de relevancia clínica.
Pero la situación es aún más grave en el ámbito de los laboratorios hospitalarios, donde la restricción de pruebas analíticas se ha convertido en un problema estructural. Cada hospital aplica criterios propios y no armonizados, de modo que una misma solicitud analítica puede ser aceptada en un área sanitaria y rechazada en otra, pese a tratarse de pacientes con idénticos problemas clínicos. Esta disparidad crea una brecha asistencial intolerable entre ciudadanos de distintas zonas de la provincia, rompiendo el principio básico de equidad que debe regir el acceso a las prestaciones del sistema público.
Este modelo de control administrativo socava la autonomía profesional del médico, rompe la continuidad asistencial y pone en riesgo la seguridad del paciente. Además, deteriora la confianza de la ciudadanía, al percibir un sistema que prioriza la gestión burocrática sobre las necesidades clínicas reales, y mina la credibilidad del facultativo, que se ve impedido para garantizar una atención adecuada y basada en la evidencia.
Ante esta situación, el Sindicato Médico de Sevilla rechaza de forma rotunda este procedimiento y exige su retirada inmediata. Toda decisión que implique el rechazo o modificación de una prueba diagnóstica debe estar justificada por escrito con criterios clínicos o técnicos, y comunicarse de forma fehaciente tanto al médico solicitante como al paciente afectado. Solo una motivación documentada, transparente y trazable puede amparar una decisión de tal trascendencia.
El Sindicato recuerda que el respeto a la lex artis médica, la autonomía profesional y el derecho del paciente a una atención adecuada y continuada son pilares irrenunciables de cualquier sistema público de salud. Cualquier injerencia no asistencial que limite el ejercicio responsable del acto médico constituye una vulneración ética y profesional de primer orden.
Por ello, el Sindicato Médico de Sevilla reafirma su compromiso de defender una práctica médica libre, responsable y basada en la evidencia científica, en beneficio de los pacientes, de los profesionales sanitarios y de la calidad y dignidad del sistema sanitario público andaluz.