La violencia contra los sanitarios en Andalucía ha alcanzado niveles alarmantes. Lejos de ser un problema aislado, las agresiones y amenazas hacia los profesionales de la salud crecen año tras año, mientras la respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sigue siendo insuficiente e ineficaz. En 2023, las agresiones aumentaron un 11%, alcanzando 1 564 denuncias, de las cuales 287 fueron físicas. Estas cifras no solo reflejan la gravedad del problema, sino también la dejación de funciones de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de quienes cuidan nuestra salud.
Falta de recursos y sanciones leves: una combinación peligrosa.
La inacción del SAS perpetúa un entorno de inseguridad para los sanitarios. Las sanciones leves, la escasez de vigilantes de seguridad y la ausencia de recursos básicos, como cámaras en los centros de atención primaria, agravan la problemática. En provincias como Sevilla, con 388 agresiones registradas, la situación es especialmente preocupante, seguida de cerca por Málaga y Cádiz.
El impacto humano: más allá de las estadísticas.
Las agresiones no son solo un ataque físico; representan un golpe al bienestar emocional y psicológico de los profesionales de la salud. Un informe reciente señala que el 60% de las víctimas son mujeres, reflejando una exposición desproporcionada en un sector mayoritariamente femenino. Este ambiente hostil genera ansiedad, inseguridad y un deterioro en el desempeño laboral, condiciones inaceptables para quienes están en la primera línea del sistema sanitario.
La respuesta del Sindicato Médico Andaluz (SMA): compromiso frente a la inacción institucional.
Ante la pasividad del SAS, el Sindicato Médico Andaluz ha liderado varias iniciativas para visibilizar y combatir esta problemática:
1. Campaña de tolerancia cero: promueve la concienciación social y exige sanciones ejemplares para quienes agreden a sanitarios.
2. Denuncia de la discriminación institucional: el SMA reclama igualdad de trato para los sanitarios en comparación con otros funcionarios públicos.
3. Protestas y demandas: concentraciones y peticiones para mejorar las condiciones laborales, retributivas y el modelo de carrera profesional.
4. Planes de prevención insuficientes: aunque el SAS ha presentado informes, estos rara vez se traducen en medidas efectivas. El SMA exige acciones concretas: más vigilantes, instalación de cámaras, reducción de la sobrecarga laboral e implementación de leyes más estrictas contra las agresiones.
5. Transparencia en las estadísticas: el SMA denuncia la política de opacidad del SAS, que oculta datos esenciales sobre las agresiones. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre en su sanidad y cómo afecta a quienes nos cuidan.
6. Medidas de protección económica: el SMA asegura a sus afiliados para que, en caso de baja por agresión, no sufran merma alguna en sus ingresos. Además, garantiza el acceso a atención psicológica, brindando un apoyo integral frente a las consecuencias de estas agresiones.
Es hora de actuar, de proteger a quienes nos cuidan.
Los sanitarios no deben ser el blanco de una sociedad que descarga su frustración en ellos. La violencia sanitaria es un síntoma de un sistema que necesita cambios urgentes, pero esto no justifica la inacción. Exigimos al SAS que priorice la seguridad de los profesionales con recursos suficientes, sanciones ejemplares y absoluta transparencia. Es responsabilidad de todos, como sociedad, apoyar a quienes dedican su vida a cuidarnos.
¡Es hora de actuar! Frente a las agresiones: Tolerancia Cero.
«Porque proteger a nuestros sanitarios es proteger la salud de todos.»