Los Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria (MAP) estamos acostumbrados, por desgracia, a ser ninguneados y menospreciados por la Administración y, a veces, por los pacientes. Durante la pandemia esta sensación ha ido en aumento progresivamente desde la falta inicial de medios de protección individual, que suplimos con ingeniosas armaduras confeccionadas con bolsas de basura y viseras de donantes altruistas.
Posteriormente, hemos ejercido como soldados en un campo de batalla desigual, construyendo barricadas que pudiesen frenar al virus letal. Muchos lo han pagado con la enfermedad, o bien con secuelas, invalideces y problemas psíquicos y emocionales. Algunos incluso dieron sus vidas. Sin embargo, tras los aplausos reconfortantes, fuimos acusados de perezosos, indolentes y hasta de huir de la actividad presencial. Pocas personas o instituciones salieron entonces a defendernos. De hecho, se siguen produciendo agresiones e insultos a unos profesionales que tanto hemos luchado. Las autoridades sanitarias tienen el deber ineludible de tomar medidas para evitar que la sobrecarga asistencial y la frustración de los pacientes vayan a más.
Ahora hay una gran preocupación por la escasez de facultativos de AP, y esta ansiedad generalizada puede llevar a “apretar aún más las tuercas” de un mecanismo asistencial ya muy desgastado, cuando no agotado totalmente. No podemos aceptar que la solución a la escasez de facultativos consista en desplazar arbitrariamente a los médicos de unos centros de salud con más plantilla de efectivos a otros menos dotados. Esta medida incrementa la precariedad laboral de los facultativos y estimula su huida del sistema público, por lo que, lejos de solucionar el problema de fondo, lo acrecienta.
Tampoco es solución desplazar por sistema a la población de referencia a otros centros más lejanos de sus domicilios, incluyendo a los niños o a personas con dificultades de movilidad por su edad, nivel socioeconómico y patologías. Nuestra sociedad se merece una AP de calidad. La solución, por tanto, pasa por tratar mejor a todos los MAP, respetando sus derechos laborales y sus necesidades de conciliación familiar, mejorando sus contratos y adoptando medidas que, en lugar de expulsarlos del sistema, los fidelicen. Solo así conseguiremos frenar la huida de médicos y atraer a profesionales de otros ámbitos. Si no queremos perder más médicos en AP, es urgente respetar a los pocos que van quedando, sin tantas imposiciones y con más diálogo.
Es necesario acometer reformas y mejoras (no solo retributivas, que también) en este nivel asistencial. No es suficiente con denunciar continuamente que no tenemos médicos en las bolsas de trabajo. Es imprescindible articular mejores medidas y acordar propuestas realistas y eficaces con los trabajadores y con sus representantes sindicales.
Los médicos no podemos seguir siendo tratados como peones de ajedrez o fichas de un tablero estratégico, como si fuésemos meros “recursos” sin anhelos profesionales ni necesidades personales. Somos personas tan vulnerables como el resto, y necesitamos más apoyo, respeto y consideración.
Si no se hace así, pronto todos los usuarios del sistema público sanitario padecerán también las consecuencias de esta demolición silenciosa. Aunque nuestro compromiso y vocación de servicio siguen vigentes, no serán suficientes para evitar el desgaste en la atención ofrecida.