Política y listas de espera

Nuestros políticos suelen ver las listas de espera más como un instrumento con el que desgastar al rival que como un problema que deben resolver. Cuando están en la oposición recurren a ellas para mostrar la incompetencia del Gobierno. Cuando están en el Gobierno las maquillan para probar su buen hacer. Siempre, estén donde estén, evitan abordar las causas del fenómeno.

Los medios se han hecho eco en los últimos días de los datos nacionales sobre las listas de espera publicados por el Ministerio de Sanidad. Pronto volveremos a asistir una batalla de propaganda entre los partidos sobre este asunto. Todos resaltarán los datos que sirvan a su estrategia partidista. Ninguno abordará las cuestiones de fondo.

Los datos del Ministerio muestran que la lista de espera quirúrgica ha descendido desde diciembre de 2019 hasta el primer semestre de 2021. Una de las causas de este descenso, sorprendente en plena pandemia, es que en 2020 cayó en un tercio el número de pacientes incluidos en lista de espera. Muchos pacientes simplemente no han podido acceder al sistema sanitario. De hecho, la lista de espera en las consultas externas ha aumentado en toda España, con Andalucía a la cabeza. Por desgracia, no existen datos sobre la espera en las consultas de Atención Primaria, cuyo colapso es sistemáticamente ignorado por los gestores de todo signo político. La dificultad de los pacientes de acceder a su médico de Atención Primaria durante la pandemia sin duda ha contribuido a que la lista de espera de las consultas hospitalarias no haya sido aún mayor. Es lamentable que el Sistema Nacional de Salud carezca de parámetro alguno para medir la sobrecarga de la Atención Primaria. En cualquier caso, el control de la pandemia, al permitir de nuevo una atención sanitaria sin restricciones, hará aflorar esa bolsa de pacientes tributarios de tratamiento quirúrgico actualmente “ocultos” y devolverá las listas de espera a su habitual hipertrofia.

También ha contribuido al descenso de las listas de espera, al menos en Andalucía, la importante actividad quirúrgica desarrollado desde el verano pasado. El intenso trabajo desplegado por los compañeros del área quirúrgica está siendo encomiable y debe ser reconocido por el conjunto de la sociedad. Por desgracia, la alta ocupación de los centros por pacientes de covid-19 ha favorecido la programación de cirugías que no requieren ingreso, por lo general más simples y de duración más corta. Así, cuando analizamos las listas de espera por procesos comprobamos que el descenso ha sido mucho mayor en el caso de las cataratas y las lesiones cutáneas que en otros procedimientos más complejos, en los que el tiempo de espera incluso ha aumentado.

Otro dato que debemos resaltar es que una parte de los pacientes ha sido derivada a la sanidad privada, algo casi inevitable en un momento en que el sistema público estaba desbordado por la pandemia. Pero este recurso no debería convertirse en estructural. Corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso consistente en que una sanidad pública mal financiada es incapaz de retener a unos profesionales que se marchan a la sanidad privada, a la que posteriormente deriva fondos para atender la demanda que desborda la pública, que se ve así privada de financiación, debilitada e incapaz de retener a sus profesionales. La pandemia ha demostrado la importancia de contar con una sanidad pública fuerte y de calidad.

La lista de espera en la actividad quirúrgica, las consultas externas y las pruebas diagnósticas solo son una de las manifestaciones de un problema estructural: el desajuste entre la financiación del sistema sanitario y su cartera de servicios. Los políticos prometen más de lo que están en condiciones de financiar. Ninguno de ellos asumirá el coste político de recortar las prestaciones sanitarias, pero tampoco el de incrementar la financiación a través de impuestos o copagos. Prefieren ocultar la realidad a la población, vendiéndonos la idea de una sanidad universal con recursos ilimitados, y trasladar toda la presión a unos profesionales obligados a asumir bajo coacción el coste de sus promesas.

Las listas de espera son sistemáticamente maquilladas por las Administraciones. Existen muchas formas ilegítimas de hacerlo. Basta, por ejemplo, modificar el código con el que se inscribe un paciente en la lista para que deje de ser contabilizado entre los procesos que tienen garantizado un plazo máximo de espera. Pero aún más grave es que el hecho de que el propio sistema de registro de datos resulta incapaz de medir la sobrecarga real del sistema. Así, el sistema no mide la espera para ser atendido por el médico de familia o pediatra de Atención Primaria. Tampoco mide las dificultades para derivar pacientes al especialista hospitalario. Aunque registra el tiempo de espera hasta la primera consulta de este especialista, no recoge el tiempo de espera de las consultas posteriores. Es posible que el cirujano tarde dos meses en ver al paciente por primera vez, pero pueden pasar seis meses hasta la segunda consulta, un dato que no se contabiliza. Una espera “oficial” de seis meses para una intervención puede reflejar una espera real de año y medio.

Por otra parte, desde un punto de vista médico es extraño que el tiempo máximo que debe esperar un paciente para ser intervenido sea establecido, literalmente, por Decreto, en lugar de ser fijado por el médico sobre la base de criterios clínicos. Si un paciente tiene la mala suerte de padecer una forma particularmente invalidante de un problema de salud que no ha sido incluido en los decretos de garantía, que establecen los plazos máximos de respuesta para cada patología, será sistemáticamente marginado por el sistema, por muy desesperante que esto resulte para él y para su médico. Es más, dado que el Sistema Nacional de Salud ha seleccionado un pequeño grupo de procesos para establecer comparaciones entre las comunidades autónomas, los gestores andaluces tuvieron hace años la brillante idea de reducir los tiempos de espera justo en este grupo de pacientes, lo que les permitía ofrecer una imagen menos desfavorable en la comparación con el resto de España. Este Decreto sigue en vigor a pesar del cambio de Gobierno en nuestra comunidad. Aunque parece aconsejable garantizar por ley una espera máxima en lista de espera, esta garantía debería extenderse por igual al conjunto de los pacientes, evitando el trato desigual que se produce actualmente.

Otro asunto que los políticos ocultan sistemáticamente a la población es la profunda desigualdad en materia sanitaria que existe entre los españoles de diferentes comunidades. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2019, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con el gasto sanitario por habitante más bajo de España (1321,14 €). La media nacional se sitúa en 1542,76 € por habitante y comunidades como el País Vasco o Navarra disponen, respectivamente, de 1851,86 y 1738,38 €/hab. No es casualidad que los datos de la lista de espera de estas comunidades sean mejores que los de Andalucía. Es injusto que la financiación de la sanidad resulte más difícil en comunidades con un PIB más bajo, pero curiosamente ningún partido llama la atención sobre este asunto. Quizás temen que una recentralización de la financiación sanitaria los prive de la gestión libre y directa de un tercio de su presupuesto. El dinero, sin duda, constituye una eficaz herramienta de poder.

Las listas de espera, cuando alcanzan las dimensiones en número y tiempo que tienen en nuestro país, representan una forma de abandono del paciente y son la manifestación de un déficit crónico de financiación del sistema. Por desgracia, nuestra clase política resulta incapaz de afrontar el problema y presentárselo a la sociedad en toda su crudeza. Así, en manos de gestores cortoplacistas al servicio de intereses partidistas, asistimos a un declive progresivo del sistema sanitario público. Hay quien se frota las manos ante tal perspectiva.

Rafael Ojeda Rivero

Presidente del SMS

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