La desastrosa situación del HSJDA está poniendo en peligro la adecuada asistencia de la población a la que atiende, aproximadamente 300.000 personas. ¿Acaso tiene menos derecho a una atención médica adecuada y de calidad una persona adscrita a esta área hospitalaria que el resto de los andaluces? Los usuarios del HSJDA no merecen ser discriminados con respecto al resto de Andalucía.
La huida de profesionales a otros centros ha llevado al centro a una situación crítica, en la que resulta imposible garantizar el funcionamiento adecuado del hospital en un momento tan delicado como el actual. Ante esta masiva fuga de profesionales, la gerencia del centro responde con absoluta indolencia, sin adoptar ninguna medida que al menos detenga la sangría, sin preguntarse qué está fallando.
Lo cierto es que ningún facultativo acepta las ofertas de trabajo del centro. No vale la excusa de que no hay profesionales disponibles: claro que los hay, pero no quieren venir. Otro argumento esgrimido por la dirección es que no hay dinero para contratos, pero lo cierto es que el consorcio suscrito entre la Orden que gestiona el centro y el SAS debería obligar a ambas partes a adoptar las medidas necesarias para garantizar una adecuada asistencia de la población.
La principal víctima del desastre, en cualquier caso, es la población. La falta de personal está provocando cierre de plantas, traslados de enfermos a otros hospitales y reducción al mínimo de la actividad quirúrgica. Hay días en los que los partes de quirófano se suspenden la misma mañana, estando incluso los pacientes ingresados esperando su operación. En algunas áreas quirúrgicas solo se atienden urgencias y en otras muchas la actividad se ha reducido a cifras que impiden una asistencia sanitaria adecuada. Se ha suspendido cualquier intervención que requiera hospitalización en UCI porque no hay camas ni personal para atenderlas. Se han suspendido consultas de todas las especialidades. Hace unos días nos comunicaban la suspensión del programa de donación de órganos. Es un suma y sigue que parece no tener fin.
Por lo que respecta a los trabajadores, nos encontramos en un limbo laboral. Nos regimos por un convenio propio, pero nos aplican todas las restricciones que dicta el SAS, nunca sus incentivos. La empresa nos trata con menosprecio, con actitudes que podríamos llamar caciquiles, negándose a reunirse con los representantes sindicales. Aunque nuestro convenio lleva dos años caducado, la empresa no tiene intención de negociar nada. Cuando el año pasado se elevó el presupuesto asignado por la Consejería al centro, que tenía que haber ido a mejoras laborales, la empresa lo destinó a otros fines sin aportar a los sindicatos información o justificación alguna de este hecho. Las condiciones laborales son pésimas y se deterioran por momentos, con cambios de turnos arbitrarios de días laborales a festivos, sobrecarga asistencial, equipos médicos obsoletos, etc., etc.
Un argumento reiterado de la empresa es la falta de financiación. No negamos que exista, pero una financiación insuficiente no puede traducirse en un maltrato sistemático de los trabajadores y en una grave merma de la calidad asistencial. Los profesionales y la población no podemos convertirnos en rehenes de una disputa presupuestaria. En cualquier caso, no cabe duda de que el SAS, coparticipe al 50% del consorcio, ha hecho total dejadez de funciones en el control de esta institución, dejándola por completo en manos de la Orden hospitalaria de San Juan de Dios, que hasta la fecha sólo tenía experiencia en la gestión de hospitales privados y que ha demostrado ser incapaz de gestionar un hospital de estas características, confundiendo a menudo lo público con lo privado.
En consecuencia, desde el Sindicato Médico exigimos a la dirección del centro que adopte con urgencia las medidas necesarias para poner fin a la grave crisis que sufre el hospital y a Consejería de Salud que se implique en la resolución de estos graves problemas. Quizás ha llegado el momento de plantear si este modelo de gestión ha fracasado y decidir que la población del Aljarafe se merece un hospital público como el resto de los ciudadanos andaluces. Como primer paso, el Sindicato Médico de Sevilla ha solicitado una reunión con la Dirección del centro para tratar estas cuestiones. En caso de no obtener respuesta a nuestras demandas, no descartamos recurrir a las medidas de presión que resulten necesarias, incluida la huelga.