El punto Jonbar de la sanidad andaluza o cómo ya no hay vuelta atrás

Urge reflexionar y hacer hincapié en las consecuencias, las graves consecuencias para la población, que acabará teniendo esta punta de iceberg qué ha supuesto el “secuestro” de El Garrobo.

Este año la cobertura de un servicio indispensable como es la sanidad ha dado muestras de agotamiento llegando a límites peligrosos para la salud de los ciudadanos. Debido a la nefasta política previsora de recursos humanos en unas y otras administraciones durante décadas, este año 2019 será recordado como el punto de no retorno, el cruce del Rubicón, o para los amantes de la ciencia ficción un punto Jonbar difícil de asumir. Ya saben, ese término de la ciencia ficción literaria, que describe un punto de inflexión definitivo en la narración.

El gravísimo suceso de El Garrobo, la retención a la fuerza de la médica que acababa de terminar su guardia en el pueblo por los propios vecinos de la localidad, lejos de solucionar el problema de la falta de facultativos, independientemente de la ilegalidad de la acción, lo único que va a conseguir es la inmediata renuncia a contratos en la zona y el aumento de la diáspora de nuevos médicos que ya acudían a mejores ofertas económicas a las que ahora se sumarán indefectiblemente las condiciones laborales y la presión social. El Sindicato Médico no se cansa de repetir, una y otra vez al hablar y negociar con la administración, que las palabras no contratan médicos, que bastaría arbitrar medidas económicas extraordinarias para una situación que se avecina como catastrófica para que acudieran de inmediato, no solo los médicos de nuestra comunidad, sino de toda España. No nos vale decir que no se dispone en el presupuesto de recursos. La situación es de emergencia. Los ciudadanos no van a renunciar a unos derechos adquiridos entre los que se encuentra la atención a la salud tal y como la conocen a día de hoy. Estamos hablando de un derecho fundamental e irrenunciable. En numerosas ocasiones así se nos hace saber a los profesionales y, con demasiada frecuencia, se utiliza con grandilocuencia ese razonamiento para presionarnos en nuestras condiciones laborales hasta llegar al límite y más allá de lo que establecen las más básicas normas y regulaciones sobre prevención de riesgos laborales.

Nosotros, el Sindicato Médico, no somos quienes tenemos que arbitrar esas medidas económicas. Esa es función de la Administración obligada a gestionar los recursos públicos con la mayor eficiencia por mandato de las urnas. Todos estamos de acuerdo en que el presupuesto total es el que hay, pero es evidente, y así es como nos ocurre a todos en nuestro presupuesto doméstico, que ante situaciones de emergencia no cabe otra que olvidarnos de partidas presupuestarias no imprescindibles y destinar ese recurso a aquéllas sin las cuales estaremos abocados al desastre.

Una crisis exige soluciones de crisis, o de lo contrario acabaremos viendo en más de una ocasión cómo el pueblo se toma la justicia por su mano. Vivimos en siglo XXI, no en el XVII.

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