Más justicia y menos intimidaciones: cuatro meses de prisión para una mujer que amenazó a una médico en Huelva

Una mujer ha aceptado una condena de cuatro meses de prisión tras declararse culpable de un delito de atentado sobre funcionario público por amenazar a una médico del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La acusada ha alcanzado de esta forma acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular y, según reza en la sentencia, esta mujer se personó en el hospital el pasado 11 de febrero a las 17:00h. donde “se enfada” porque dice que a su hija “no la están atendiendo bien”. 

El juez considera probado que esta mujer “se dirigió a una médico a la que le dijo que ya era hora de que la atendieran. No le habéis hecho nada y como le pase algo a mi hija, te mato”, así como que hizo un amago de avalanzarse sobre ella sin consumar la agresión porque había una mesa entre la víctima y la condenada. Por todo ello el juez condena a esta mujer a cuatro meses de prisión aunque le ha suspendido la pena durante dos años.

En este sentido, conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

El profesional debe tener capacidad de decisión 

Desde el Sindicato Médico de Sevilla, mostramos una vez más nuestro rechazo y condena a este tipo de actos y comportamientos incívicos. Existe una falsa y extendida creencia entre los profesionales sobre el hecho de que no sirve de nada registrar y denunciar todas aquellas agresiones que no culminen en lesión física. La realidad dice lo contrario y lo que no se puede tolerar es que se deje en el anonimato al agresor. La amenaza anula la libertad de la persona amenazada. Un profesional amenazado pierde la capacidad de decisión, fundamental para el ejercicio de su profesión. Los facultativos no deben trabajar intimidados, los ciudadanos no lo merecen y sentencias como las de este caso van en esta dirección. Esperemos que con este veredicto se haga justicia y se transmita lo que la educación no ha sido capaz de hacer.

 

Puede ver la noticia íntegra aquí.

Fuente: Redacción Médica.

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