La polémica surgida por la intención de Hacienda de que los médicos tributen por sus gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención relacionados con su participación congresos y reuniones científicas, brinda la ocasión para que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) recuerde de nuevo que su criterio siempre ha sido el de que la formación continuada de los facultativos debe llevarse a cabo mayoritariamente con financiación pública en los centros de trabajo y contemplarse dentro de la jornada laboral.
La profesión de médico es una de las que más exigencias imponen al respecto. Los avances en todas las áreas son constantes, y se publican multitud de estudios al cabo del año sobre la práctica clínica que han de ser tenidos en cuenta so pena de que el profesional se quede desfasado.
Pero los médicos, salvo contadas excepciones, han de dedicar toda su jornada a la asistencia directa de sus pacientes, sin que tengan tiempo para realizar tareas de investigación y formación, que, por otra parte, tampoco suelen estar contempladas en los programas sobre política de personal de hospitales y centros de salud.
La conclusión es que a los médicos no les queda otro remedio que robar una parte importante de su tiempo libre (que tampoco es mucho si tenemos en cuenta que, incluidas las guardias, trabajan no menos de 48 horas semanales) a la formación continuada.
Lo hacen en primer lugar por afán de superación. Pero también lo hacen –deben hacerlo– por obligación deontológica e imperativo legal, que se justifica por el derecho que tienen los pacientes a que su médico le ofrezca la mejor de las atenciones posibles.
La obligatoriedad ética y legal de la formación continuada se refleja en el 33 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y así se interpreta por los tribunales de justicia, cuyas sentencias en relación con casos de negligencia o mala praxis suelen aludir al deber inexcusable del médico de tener actualizados sus conocimientos.
Así las cosas, CESM cree que es de todo punto razonable pedir que la actualización formativa los médicos que trabajan para el sistema público corra a cuenta de la Administración y se considere, dado su carácter obligatorio, una parte más de su jornada laboral.
Ante la ausencia de responsabilidad de la Administración, los médicos se procuran la formación por ellos mismos, dedicando a ello parte de su tiempo libre y con cargo a su propio bolsillo, lo que es claramente injusto.
En esta tarea el papel de la industria es menor, aunque no por ello deja de ser significativo, ya que su colaboración permite a muchos médicos acudir a relevantes encuentros científicos que de otro modo podrían suponerles un coste excesivo para sus nóminas.
Con respecto a las aportaciones de la industria, la posición de CESM es que debe haber una diferenciación legal entre formación y otros pagos privados, quedando exento de tributación lo primero porque el principal beneficiario de ello es el paciente, y por extensión, el sistema público de salud. Así se aprobó recientemente por mayoría en el Congreso de los Diputados, y defenderemos que siga siendo así.
En definitiva, hay que distinguir entre lo que lo que es ayuda para formación continuada, que no debe tributar porque no es propiamente una retribución, y lo que son pagos por actividades profesionales, en cuyo caso sí es comprensible la tributación.
Fuente: SMA