El TSJA reconoce el derecho de un médico a cobrar la carrera profesional desde la fecha en que solicitó la acreditación

La Asesoría Jurídica del Sindicato Médico de Sevilla ha vuelto a ganar una sentencia en la se reconoce el derecho de un médico a que se lleve a cabo el procedimiento de certificación en el nivel de carrera profesional solicitado. Aunque no es la primera sentencia ganada en este sentido por nuestro sindicato, en este caso TSJA ha reconocido, por primera vez, que la superación del proceso de certificación obligaría al SAS a pagar al médico el nivel correspondiente de carrera profesional desde la fecha en la que lo solicitó.

La batalla judicial que el Sindicato Médico viene librando contra el SAS en esta materia, iniciada tras la suspensión ilegal del procedimiento de acreditación, ha culminado finalmente con esta importante sentencia, en la que el TSJA acoge por primera vez la totalidad de nuestras demandas: Es decir, el médico solicitante no solo tiene derecho a acceder sin demora al proceso de certificación, sino también, en caso de superarlo, a que los efectos económicos del nuevo nivel sean efectivos desde el momento en que lo solicitó, puesto que la demora en la certificación es imputable única y exclusivamente a la actuación contraria a Derecho de la Administración andaluza.

El TSJA ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobe este asunto con ocasión de las numerosas demandas interpuestas por nuestra  Asesoría Jurídica. En sus sentencias, el TSJA se ve obligado una y otra vez a recordar a la Administración que “se encuentra vinculada a la legalidad y debe cumplir sus propias normas, no pudiendo por vía de hecho suspender o inaplicar el ordenamiento jurídico vigente”. En efecto: El TSJA se ve obligado a exigir a la Administración andaluza ¡que cumpla su propia legislación!

La Junta había utilizado como excusa para paralizar la carrera profesional una sentencia de Tribunal Supremo en la que se anulaban ciertos preceptos relativos a las Comisiones de valoración encargadas de los procesos de certificación. Sin embargo, el TSJA le recuerda a la Junta que esa sentencia “solo afecta a los concretos preceptos anulados, quedando vigente el resto del Acuerdo […], no pudiendo  ser obstáculo dicha sentencia para que más de dos años después de la misma no se haya realizado actuación alguna para dar cumplimiento a los preceptos vigentes respecto de la carrera profesional”. Posteriormente el SAS dictó una Resolución que suspendía los procesos de certificación. Pero también en este caso su conducta fue, según el TSJA, contraria a Derecho, puesto que una resolución de este tipo no puede anular el Acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la carrera profesional.

El SAS, en definitiva, viene utilizando desde 2012diversos subterfugios, sistemáticamente calificados de ilegales por el TSJA, para negar a los médicos el acceso a la carrera profesional. Es más, cuando los profesionales ven reconocido en los tribunales su derecho a acceder a la misma, el SAS sostiene ante los jueces que en realidad ya ha puesto de nuevo en marcha los procesos de certificación. Pero también en esto los tribunales consideran que miente: “Pretender que se está en ello [el juez se refiere a la continuación de la tramitación de los procesos de certificación] cuando lo único que se aporta son unas Notas [de circulación interior] que, en realidad, no conducen a un resultado efectivo (ni tan siquiera visible), no es de recibo, representándose a esta juzgadora que más bien se pretende dar una apariencia de tramitación a lo que, en realidad, no conduce más que al mantenimiento de la suspensión del proceso que ha sido tachada de no conforme a Derecho por los tribunales. Baste observar que unos procesos […] que deben terminarse e seis meses, siguen sin finalizar al cabo de los años”.

Esta actuación de la Administración debería avergonzar a sus altos cargos. En nuestra opinión, no los desacredita únicamente ante los médicos, sino ante la población general. El incumplimiento sistemático de los principios más básicos del Derecho, la conducta deliberada dirigida demorar el cumplimiento de las sentencias judiciales, resulta incompatible con el respeto al Estado de Derecho que, en nuestra opinión, es exigible a cualquier representante político.

Esta sentencia supone para nosotros una victoria jurídica, pero también es la constatación de una realidad desalentadora, la prueba de que los derechos más básicos de los médicos, derechos que la propia Administración ha reconocido en su legislación y que debería ser la primera en garantizar, han de ser ganados ante la Justicia tras largos y costosos litigios. Esta es la Administración que tenemos, una que maltrata a los profesionales e ignora a sus representantes sindicales, una que ha optado por sustituir las mesas de negociación por los tribunales de justicia. Luego dirán que lo hacen por el bien de la sanidad pública.

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