Estudio de Servicios Públicos Fundamentales: desgraciadamente Andalucía pierde por goleada

El pasado 4 de mayo la Fundación BBVA presentó el estudio “Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades”, elaborado con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). En el mismo se hace un análisis de las diferencias regionales y del impacto de la crisis en los Servicios Públicos Fundamentales (SFP) que incluyen tres ámbitos de actuación, la sanidad, la educación y la protección social.

Los SPF representan el 60 % del gasto público total y ofrecen recursos financieros y en especie que, en conjunto, representan el 44% de la renta disponible para las familias en 2014.

A pesar de la caída del PIB y los ingresos, el sector público se ha esforzado por mantener los SPF durante la crisis. A pesar de eso, el gasto real por habitante se ha reducido particularmente en sanidad (21%) y en educación (22%), servicios que son gestionados por las comunidades autónomas.

Las  diferencias  territoriales de gasto en SPF son sustanciales y las comunidades con mayor nivel de gasto por habitante superan  a las que menos gastan en un 60 %. Andalucía, con 5.695 €/habitante ocupa el  puesto 14, solo por delante de Murcia, Baleares y Canarias y a gran distancia de Asturias (8.531 €/h, País Vasco (8.360), Navarra (7.164), Cantabria (7.052), etc., así como de la media de España que está en 6.230 €/h

Más concretamente, en gasto público de sanidad por habitante, en 2013, Andalucía ocupa el último lugar entre todas las Comunidades Autónomas con 1.182 €/h cuando la media española está en 1.377 y las tres primeras están en 1.714 en el caso de Asturias, 1.621 en el de País Vasco y 1.530 para Cantabria.

¿A que se deben las diferencias de gasto por habitante entre comunidades? No siempre las comunidades con más necesidades gastan más.

¿Y cuál es el origen de estas diferencias y que implican? Las diferencias están muy relacionadas con sus recursos por habitante, que tienen una disparidad sustancial. Las diferencias de ingresos, que no se explican por sus necesidades sino por razones históricas y políticas como foralidad o valoración inicial de las competencias transferidas. Las elevadas diferencias de gasto por habitante permiten contar con distintas dotaciones de recursos para prestar los servicios y que son los que cuestionan la igualdad de oportunidades de acceso de los ciudadanos a los SPF.

Las transferencias monetarias (pensiones y subsidios) y en especie (servicios educativos y de salud) son una parte importante de la renta de las familias que, en promedio nacional, suponen un 44 % de su renta disponible ajustada. Pero para los andaluces supone un 49 %, el segundo porcentaje más alto de todas las comunidades tras Extremadura, lo que les deja menor renta disponible.

Cinco son las conclusiones de este estudio:

  – El esfuerzo por preservar los SPF, con mayor gasto público, no ha evitado los ajustes de gasto ni el malestar social.

  – Los ajustes se han concentrado en CC.AA. y Ayuntamientos preservándose en la S. Social.

   -Los ajustes se han concentrado en sanidad, educación y servicios sociales, preservándose en pensiones y desempleo.

  – Diferencias de gasto en SPF entre territorios superiores al 60 % son poco compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios.

   -Las diferencias de gasto por habitante entre comunidades se explican mas por sus distintos recursos que por sus distintas necesidades.

Y, finalmente, otras cinco son sus recomendaciones:

   -Diseñar políticas con horizontes financieros de medio y largo plazo evitando la desafectación institucional derivada del incumplimiento de las promesas.

   -Dotar fondos de previsión en los años de bonanza en todos los SPF para mantener estable el gasto en sanidad, educación y protección social.

  -Promover acuerdos entre las administraciones públicas sobre los recursos comprometidos y reflejarlos en su distribución.

  – Revisar las diferencias territoriales de gasto en SPF porque ponen en cuestión la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios.

   -Adecuar los sistemas de financiación autonómica a los compromisos institucionales de equidad interterritorial.

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