La delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz decidió dar el alta médica a una funcionaria de Justicia que estaba recibiendo un tratamiento con quimioterapia. Su oncólogo la alertó de que no debía incorporarse al trabajo hasta que no terminara el proceso médico y notificó las graves consecuencias que podría sufrir su salud durante el ejercicio de la actividad laboral. A pesar de todas estas advertencias, la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades le dio el alta médica.
Es muy difícil mantener la calidad de los servicios médicos si la propia Administración somete a los profesionales a presiones, recortes y abusos de este tipo. La disminución del 10% del sueldo, la supresión de la paga extra, los altos índices de temporalidad, el miedo a perder su puesto de trabajo y la falta de sustitutos ante las bajas perjudican seriamente la labor de los facultativos. Por extensión, se produce una masificación con la que desaparece la atención personalizada y exhaustiva a cada paciente, el eslabón más débil de esta cadena. Más de siete mil trabajadores de los centros de salud han interpuesto una demanda al Servicio Andaluz de Salud por los recortes que vienen padeciendo.
Todos los organismos competentes de la Administración deben concienciarse del importante papel que desempeñan los facultativos en el bienestar social de los ciudadanos. Para ello es ineludible la cobertura de todas las ausencias, la estabilidad laboral y los contratos a tiempo completo, factores fundamentales para intentar recuperar un escenario de trabajo digno.